Cárcel para dragoneantes del Inpec relacionados en casos de tortura en la Modelo

Dom, 24/10/2021 - 08:15
Entre el 21 y 22 de marzo de 2020 se presentó 'la noche del terror' en la cárcel la Modelo, cuando varios funcionarios del Inpec habrían abusado de reclusos.

La Fiscalía General de la Nación abaló la decisión del juez 35 control de garantías de Bogotá al darle cárcel a tres dragoneantes del Inpec relacionados en casos de tortura que tuvieron lugar en la cárcel La Modelo entre los días 21 y 22 de marzo de 2020.

El juez en cuestión exigió que el uniformado Julián Piñeros debe quedarse preventivamente privado de la libertad, sin embargo, los otros dos sujetos, Víctor Cervera y Yeferson Huesos pueden apelar a la casa por cárcel.

De acuerdo a Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía, las pruebas reunidas por el ente de control tras 19 meses de haber ocurrido el motín en el que 24 personas perdieron la vida y 107 quedaron heridas, se concluyente que varios integrantes del Inpec atacaron a múltiples presos.

"Los funcionarios habían golpeado, desnudado e incluso herido con armas blancas a reclusos de la cárcel La Modelo de Bogotá durante y después del motín que se registró entre el 21 y 22 de marzo de 2020, presuntamente por las exigencias de los internos para que se garantizaran medidas sanitarias contra el covid -19, asimismo, hay indicios de lesiones y maltratos de los que al parecer fueron víctimas varios de los detenidos que aparentemente se encontraban en estado de indefensión, esposados o con heridos o con heridas considerables", comunicó Rivera.

La Fiscalía imputó el cargo de tortura gravada basándose en que se violaron los derechos de los reclusos.

"También se evidenciaron posibles fallas en la atención médica para algunos reclusos lesionados, a quienes habrían encerrado en celdas de aislamiento con precarias condiciones de salubridad y de alimentos, frente a este caso la Fiscalía argumentó la gravedad de los hechos teniendo en cuenta que se tratan de servidores públicos con la obligación de proteger la población carcelaria", expresó la institución.

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