Investigación contra Uribe por masacres del Aro y la Granja pasa a la Fiscalía

Publicado por: richard.ladino el Mar, 15/09/2020 - 16:09
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La Corte Suprema de Justicia decidió remitir a la Fiscalía la indagación que venía realizando contra el expresidente Alvaro Uribe por las masacres del Aro y la Granja.
masacres del Aro y la Granja

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que tras la renuncia como senador del expresidente Álvaro Uribe Vélez perdió la competencia de investigarlo por lo que remite a la Fiscalía General de la Nación el proceso que se le adelanta por las masacres del Aro y la Granja. 

La Corte venía indagando la presunta conformación, promoción o financiación, a mediados de los años noventa de una estructura armada organizada al margen de la ley, en el nordeste antioqueño, que al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia), de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época; y que, al parecer, cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996.

 

Así mismo, la presunta intervención de Uribe, en su condición de gobernador de Antioquia, en las agresiones de que fue víctima la población civil de Ituango (Antioquia), que se han denominado masacre de la Granja, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre, el 11 de junio de 1996 y de la masacre de El Aro, en el corregimiento que lleva ese nombre, entre los días 22 y 31 de octubre de 1997.

En ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de diecisiete personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango.

En el caso que cursaba en la Corte, también aparece el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, concejal del municipio de Ituango para la época de los hechos y defensor de Derechos Humanos, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en la ciudad de Medellín.

 

"Esta determinación se adoptó por unanimidad en razón a que la Sala Especial de Instrucción no encontró reunidos los requisitos señalados en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política para continuar conociendo de este asunto, de ahí que, por competencia, lo remita al Fiscal General de la Nación", señaló la Corte Suprema de Justicia.