La Procuraduría General anunció que le formuló pliego de cargos a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia que, al parecer, también estaría involucrado en el escándalo de corrupción denominado como el 'cartel de la toga'.
Se trata del exmagistrado auxiliar de la Sala Penal, Camilo Andrés Ruiz. El exfuncionario tendrá que enfrentar este proceso disciplinario por presuntamente haber recibido dinero por parte de algunos de los procesados por el 'cartel de la toga' para omitir el ejercicio de sus funciones.
En primer lugar, el Ministerio Público le reprochó al exmagistrado de la Corte Suprema el supuesto recibimiento de $200 millones de pesos por parte del abogado Luis Gustavo Moreno, defensor del congresista Nilton Córdoba.
Al parecer, el exfuncionario recibió esta suma de dinero para que retardara la sustanciación de dos expedientes asignados a su cargo, realizara aplazamientos injustificados de pruebas y dilatara el trámite procesal de los casos que se adelantaban en contra de su defendido.
"El investigado habría podido incurrir en falta disciplinaria al presuntamente realizar una acción contenida en el Código Penal, artículo 405 de la Ley 599 de 2000, relacionada con el cohecho propio", indicó la Procuraduría.
En el segundo cargo, el ente de control le cuestionó al exmagistrado de la Corte Suprema que presuntamente recibiera la suma de $120 millones por parte del mismo abogado para beneficiar a la congresista Argenis Velásquez Ramírez, con el fin de dilatar el trámite procesal a fin de evitar que se adoptara una decisión jurídica en su contra.
Las presuntas faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo.
"Los hechos cuestionados tienen relación con las actuaciones de la organización delictiva que según el testimonio del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno tenía como estrategia de defensa corromper funcionarios en la Corte Suprema para dilatar procesos contra sus defendidos y evitar decisiones judiciales de fondo", señaló.
¿Cómo inició el cartel de la toga?
Magistrados, congresistas, líderes políticos e importantes funcionarios públicos del país resultaron involucrados en este escándalo del 'cartel de la toga'.
Todo se destapó a mediados del 2017, cuando el gobierno de los Estados Unidos le envió a la Corte Suprema de Justicia una serie de audios en los que se evidenciaba cómo funcionaba una red criminal dentro del alto tribunal.
La revelación enredó al fiscal anticorrupción del momento, Luis Gustavo Moreno, quien ya fue condenado a 48 meses de prisión. Poco a poco se empezaron a conocer los nombres de los magistrados que habrían actuado de manera ilícita, entre ellos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.
De acuerdo a las autoridades, los togados exigían pagos millonarios de dinero a cambio de modificar decisiones judiciales en favor de investigados en la Corte Suprema de Justicia.
“El cartel de la toga era una industria criminal que se dedicaba a cerrar procesos adelantados de personas que tenían culpabilidad o a los que se les iba a condenar por crímenes contra el Estado, entre los que están, robo de millonarios recursos y corrupción electoral”, explicó en anterior diálogo con KienyKe.com el representante a la Cámara Mauricio Toro.
Según dijo Toro, los hoy exmagistrados son señalados de desaparecer pruebas, modificar expedientes, retrasar los trámites o archivar procesos "porque no encontraban, supuestamente, los méritos para acusar y capturar a quienes les habían pedido coimas”.
Algunos de los políticos que resultaron salpicados en este escándalo son: los exgobernadores Alejandro Lyons (Córdoba) y Juan Carlos Abadía (Valle del Cauca), y los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile. Los cuatro son señalados de beneficiarse con estas "maniobras" en la Corte para frenar sus procesos.
