Magistrados, congresistas, líderes políticos e importantes funcionarios públicos del país resultaron involucrados en el llamado escándalo del "cartel de la toga", uno de los cas
Magistrados, congresistas, líderes políticos e importantes funcionarios públicos del país resultaron involucrados en el llamado escándalo del "cartel de la toga", uno de los casos de corrupción que hizo perder la credibilidad en la justicia colombiana en estos últimos diez años.
Todo se destapó a mediados del 2017, cuando el gobierno de los Estados Unidos le envió a la Corte Suprema de Justicia una serie de audios en los que se evidenciaba cómo funcionaba una red criminal dentro del alto tribunal.
La revelación enredó al fiscal anticorrupción del momento, Luis Gustavo Moreno, quien ya fue condenado a 48 meses de prisión.
Poco a poco se empezaron a conocer los nombres de los magistrados que habrían actuado de manera ilícita, entre ellos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.
Algunos están en prisión mientras se adelanta el proceso.
De acuerdo a las autoridades, los togados exigían pagos millonarios de dinero a cambio de modificar decisiones judiciales en favor de investigados en la Corte Suprema de Justicia.
“El cartel de la toga era una industria criminal que se dedicaba a cerrar procesos adelantados de personas que tenían culpabilidad o a los que se les iba a condenar por crímenes contra el Estado, entre los que están, robo de millonarios recursos y corrupción electoral”, explicó el representante a la Cámara, Mauricio Toro, a KienyKe.com.
Según dijo Toro, los hoy exmagistrados son señalados de desaparecer pruebas, modificar expedientes, retrasar los trámites o archivar procesos "porque no encontraban, supuestamente, los méritos para acusar y capturar a quienes les habían pedido coimas”.
Algunos de los políticos que resultaron salpicados en este escándalo son: los exgobernadores Alejandro Lyons (Córdoba) y Juan Carlos Abadía (Valle del Cauca), y los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile. Los cuatro son señalados de beneficiarse con estas "maniobras" en la Corte para frenar sus procesos.
