La Corte Suprema de Justicia emitió una dura respuesta a la Unión Interparlamentaria luego de que esta aceptara para su estudio una denuncia que presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las supuestas irregularidades que se presentaron en medio del proceso por presunta manipulación de testigos mientras este estuvo en la Sala de Instrucción del alto tribunal.
El organismo se declaró competente para estudiar de fondo el recurso presentado por el exmandatario. Según indicó su Comité de Derechos Humanos, las “denuncias” y “alegaciones” formuladas por el exsenador por supuestas violaciones a sus derechos son “admisibles” y, por esa razón, requirió a la Corte Suprema para que “exponga su posición oficial respecto a las acusaciones presentadas por el querellante”.
El alto tribunal de justicia se pronunció tras la declaración del organismo internacional. En un comunicado, aseguró que no fijará posición alguna frente a las “denuncias” y los “casos” tramitados por dicho Comité de Derechos Humanos porque, según dijo, este es de carácter político y no judicial.
“La Corte respeta la actividad de la ONG Unión Interparlamentaria, en cuanto organización que representa a la rama legislativa de los gobiernos a escala mundial e institución que fomenta la cooperación entre los parlamentos entre sí, a través del diálogo político. Empero, en tanto órgano judicial independiente, atendiendo el principio de separación de poderes y amparada por la soberanía jurisdiccional, se abstiene de entablar ese tipo de diálogo, que es ajeno a sus competencias y funciones constitucionales”, mencionó.
En la tajante respuesta de la Corte Suprema a la Unión Interparlamentaria se señala, por otra parte, que lo solicitado no se enmarca en una petición de cooperación judicial internacional ni mucho menos de una actuación de un tribunal internacional de derechos humanos con competencia para juzgar al Estado colombiano. Por ello, sustentó que no está obligada a rendir “descargos” o dar explicación sobre sus actuaciones.
“Mucho menos puede pretender la Unión Interparlamentaria, bajo la creencia de adelantar un “caso” por supuesta violación de derechos humanos, juzgar las actuaciones de la Corte Suprema de la República de Colombia y, bajo ese entendido, invitarla a 'dialogar' y 'cooperar' en la búsqueda de una 'solución satisfactoria' a sus intereses como agremiación internacional de parlamentarios. Una tal advertencia es inadmisible por cuanto representa una amenaza a la independencia judicial”, indicó.
Y agregó: “La Corte rechaza ese tipo de intromisiones e invita a la Unión Interparlamentaria a cumplir su mandato de asistencia a sus miembros y promoción de los derechos humanos respetando los principios de soberanía e independencia judicial. Los jueces se pronuncian a través de sus decisiones y éstas, salvo que sean reservadas, pueden ser consultadas y sometidas a escrutinio público. Más a una organización internacional no gubernamental no le es dable interferir en procesos judiciales en el ámbito interno ni ejercer presiones contra los miembros de la judicatura”.
