Colombia ha sido vencida por segunda vez en cuatro años en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, CIJ, al declararse ese tribunal no solamente competente para atender la demanda por incumplimiento de su fallo de 2012 (que otorgó a Nicaragua 70.000 kilómetros de mar hasta entonces colombiano), sino también para definir las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental en el Caribe, hasta una distancia de alrededor de 132 millas de Cartagena.
Y esta doble derrota, a la que previsiblemente seguirán otras y la prolongación de un conflicto con un vecino de imprevisibles consecuencias, se debe fundamentalmente a dos razones. La primera, la desastrosa política internacional de la cancillería colombiana; y la segunda, la paradoja de un país con dos océanos que ha vivido siempre de espaldas al mar.
Hace tres meses, anunció el presidente Juan Manuel Santos la localización del galeón español San José, levantando todo tipo de especulaciones sobre el supuesto tesoro de ese barco hundido en 1708. ¿Quién recuerda hoy aquel asunto? Nadie. ¿Qué habría cambiado si Santos hace ese anuncio, pongamos por caso, esta semana? Nada.
Bien, pues al presidente de Colombia no se le ocurrió nada más torpe que hacer ese anuncio al día siguiente de llegar de España de entrevistarse con el Rey Felipe VI, a quien no informó del hallazgo siquiera como elemental gesto de cortesía con el país que acababa de conseguir la eliminación del visado Schengen para los colombianos. La cancillería colombiana no hizo gala en esa ocasión precisamente del don de la oportunidad.
Y en cuanto a la segunda afirmación, la de un país de espaldas al mar, basta ver en dónde tiene su capital y recordar solo la pérdida de Panamá. En Bogotá, unos políticos que ni conocían el mar, favorecieron las condiciones para que Estados Unidos apoyase a rebeldes panameños en su independencia, y tratar luego con ellos la construcción del canal. El presidente de Colombia entonces, José Manuel Marroquín (1900-1904), en un alarde de ingenio declaró: “Me entregaron un país y les devuelvo dos”.
No hace falta muchos conocimientos jurídicos para entender que los tratados entre las naciones deben respetarse y que no se puede, al cabo de ochenta y dos años de haber firmado una cosa, decir que no le sirve porque las condiciones políticas eran tales o cuales, que es lo que alegó el gobierno de Managua al denunciar el tratado Esguerra-Bárcenas, acordado en 1928, y que fijó los límites entre Colombia y Nicaragua.
¿Qué tal si un país de Europa Central resolviera hoy denunciar uno de los tratados sobre asuntos territoriales vigentes como el de Postdam –2 de agosto de 1945--, o si Rusia lo hiciera con el Convenio Ruso-Norteamericano sobre Alaska del 30 de marzo de 1897?, para poner solo dos ejemplos.
Colombia ha ejercido soberanía pública, pacífica y continua sobre el archipiélago de San Andrés más de 200 años, y bajo ese régimen se encontraba ese territorio en 1810 cuando el país se independizó de España.
Con éstos y otros argumentos de mucho peso, Colombia perdió 70.000 kilómetros de mar territorial en el CIJ y, por si fuera poco, tiene ahora abierto un contencioso de graves consecuencias en un tribunal al que no debió haber acudido nunca a que le dijeran cuáles son sus límites.
