El congresista Jonathan Tamayo, mas conocido como “manguito” y quien se lanzó al Senado inicialmente por el partido ASI pero que finalmente terminó siendo elegido por los Decentes debido a las coaliciones que se dieron al final de la campaña, resultó siendo mas conservador y ultraderechista que los mismos derechistas, llevando propuestas que solo benefician a los de siempre, a los empresarios a la franja de elegidos godos recalcitrantes, ha manifestado en varias ocasiones su oposición a la oposición y su apoyo irrestricto al gobierno Duque.
Este congresista de pinta alternativa y de discurso ultraconservador, llevó a la plenaria del senado la propuesta de proyecto de ley que pretende regular el ejercicio del periodismo en Colombia, reviviendo incluso la tarjeta profesional para periodistas y la creación de un consejo profesional del área, que estaría además regulado por el Gobierno Nacional, convirtiéndose claramente en un mecanismo de censura, toda vez que dicho consejo, podría tener la potestad de “frenar” o de por lo menos limitar el ejercicio del periodismo en Colombia, esto en la práctica es un claro tipo de censura, ya que ninguna persona que no cuente con la tarjeta profesional expedida por dicho organismo, podrá ejercer la labor periodística.
Sin embargo, esta no es la única iniciativa que actualmente cursa en el senado con este mismo propósito; recientemente veíamos con sorpresa cómo avanzaba peligrosamente la Ley de Modernización de las TIC´s o de Convergencia de las TIC´s, que fue presentada por la Ministra de las TIC´s y que conocimos gracias al debate que se originó con la salida de Santiago Rivas y su programa “Los Puros Criollos” de la parrilla de programación de Señal Colombia, además de la editorial que el periodista Yamid Amat realizara al respecto.
Esta ley, en el fondo lo que pretende es en principio, cerrar la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que es actualmente la entidad que regula los contenidos de la televisión nacional y de cierta manera fusionarla con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, creando una sola instancia de regulación que estaría a su vez controlada por el gobierno regente, controlando a su vez, los contenidos que actualmente se ven en la televisión pública, generando por supuesto un serio control muy cercano a la censura, pero además, utilizando el recurso que hasta la fecha se ha destinado para contenidos independientes del Estado, en infraestructura, lesionando sensiblemente la calidad de los productos creados y los contenidos, pasando inicialmente por el filtro de Gobierno, quizá por eso, el Ejecutivo lo ha pasado con mensaje de urgencia, aunque ya anunciaron que se pospone hasta marzo del próximo año.
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Esta ley es mucho mas grave de lo que parece, ya que esto implica que en principio, se le condone la deuda a los operadores privados, que actualmente asciende a los 128 mil millones, ademas de extender sus licencias de funcionamiento, ademas de poner en serio riesgo de sostenibilidad de los canales públicos y en general, todas las telecomunicaciones, incluido el Internet y la telefonía celular.
Así que, independientemente de que veamos o no la radio y la televisión pública, sí es importante que como consumidores y padres de consumidores de contenidos audiovisuales, exijamos respeto e independencia, la radio y la televisión pública son un bien público y deben defenderse como tal.
