Sean estos los anhelos cívicos de integridad para el año que llega.
- Que la Corte Suprema de Justicia continúe con la firmeza que le ha caracterizado y con igual carácter desempantane todas y cada una de las investigaciones sobre parapolítica pendientes.
- Que los órganos de control y la propia Fiscalía se abstengan de hacer “mandados políticos” y cumplan finalmente con su gestión.
- Que se implemente, después de 15 años de creada, la pomposa Comisión Ciudadana de Moralización, y se integre la Comisión Nacional Anticorrupción es decir, que al fin la lucha contra la corrupción comience por donde ha debido comenzar, una estrategia conjunta entre sociedad civil y Estado.
- Que no se dilapiden más los recursos de la lucha contra la corrupción, y que estos no se queden en manos de organizaciones con poco arrastre social y escasos resultados.
- Que el Fondo de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior se dedique a promover la participación ciudadana, y que el programa de protección del Ministerio del Interior proteja no sólo a los corruptos sino a los líderes sociales anticorrupción. Que finalmente se cumpla el punto 44 de la primera agenda de Uribe, y la promesa de los últimos alcaldes de Bogotá, sobre promover el control social y las Veedurías Ciudadanas.
- Que esta promoción y apoyo a las Veedurías no se realice más a favor de una clientela burocrática y amigos políticos, sino por la trayectoria reconocida de los veedores que lo entregan todo con el decidido compromiso social.
- Que María del Pilar Hurtado renuncie al asilo en Panamá, regrese a Colombia, haga uso del principio de oportunidad y denuncie a cuanto servidor público estuvo involucrado en las ‘chuzadas’ y seguimientos que heredó y multiplicó.
- Que finalmente se produzcan todas las sanciones por lo de la Yidispolítica, y se aclaren y establezcan las responsabilidades por los casos de los ‘falsos positivos’, Agro Ingreso Seguro y la Dirección Nacional de Estupefacientes.
- Que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se ‘acuerde’ que existe un proceso de responsabilidad disciplinaria y otro de responsabilidad POLÍTICA respecto del anterior gobierno.
- Que Samuel e Iván Moreno se arrepientan, delaten a sus presuntos socios de los carteles de la contratación y devuelvan las comisiones que unos y otros habrían recibido de cuenta del erario público, claro, con sus consiguientes sanciones.
- Que el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción combata la verdadera corrupción enquistada en los propios gobiernos. No más pañitos de agua tibia.
- Que los ciudadanos se empoderen apropiándose de la ley 850, Estatutaria de Veedurías Ciudadanas, a fin de que podamos pasar de la letra muerta a la inclusión social abierta en materia anticorrupción.
