23 años de impunidad (ii)

30 de noviembre del 2012

Como en estos últimos 23 años de vida lo he venido diciendo, el horrendo acto terrorista del HK 1803 no viene solo. Ya suficientemente pavoroso es pensar que un acto demencial de ese nivel pueda, como para tener que verlo acompañado de la complicidad estatal. Esto se aclara de la siguiente manera y la óptica es bifocal: el DAS de su momento permitió la entrada del explosivo al aeropuerto, pero el protagonismo de lo público no termina ahí y se traduce ante terceros, en un manto de duda.

Sea lo primero decir que resulta inexplicable –al menos jurídico, procesalmente hablando– que con el suficiente mérito que reposa en la investigación, hoy no tengamos ni un solo declarante sobre la responsabilidad del Estado en este reato, ni un solo llamado, ni mucho menos un indiciado. Y digo que el papel del Estado es doble en la masacre Avianca, ya que estamos frente a su acción y a su omisión. Lo primero ya se ha dicho. Pedí la prueba testimonial de Miguel Alfredo Maza Márquez y tres veces la evitó. Lo de menos es la justificación porque hasta excusa médica adujo y no la presentó, y como acá no la exigen, porque eso para qué, entonces ese bandido no dice ni sabe nada del DAS de entonces.

Bien. Ahora tenemos que enfrentarnos a la otra no menos descrestante parte del Estado. En 23 años no hay avance procesal a favor de las víctimas. La suscrita parte civil ha dinamizado el proceso, encontrando respuestas como esta que me dio la nueva y actual Fiscal Octava de Derechos Humanos. “Que pena doctor pero yo no puedo cargar con sus 23 años de impunidad”. Eso es cierto. Y lo grave no es la razón que pueda tener. Lo más grave es una respuesta así de parte de un funcionario público que debe ser responsable en sus actuaciones y declaraciones. Me pregunto, ¿Fiscal de Derechos Humanos? Casi da risa.

Otro aspecto que no puedo dejar por fuera de este escrito es la bandera humanitaria de campaña del Dr. Eduardo Montealgre –y esta sí que da risa–. No podemos olvidar que cuando estaba en el pulso por la Fiscalía General de la Nación, el tolimense hizo hincapié en el tema de los procesos de DDHH y su compromiso con las víctimas. Pues eso es letra muerta, salvo que se ostente un apellido político. En el Ámbito Jurídico de octubre-noviembre pasado, uno de los titulares es “Fiscalía adopta esquema de priorización de casos”. Según la Directiva 1 del 4 de octubre, la FGN estableció criterios para la focalización de su de su acción investigativa en determinados casos. No se trata, según el documento, de un procedimiento de descongestión judicial, sino de la identificación de elementos comunes para combatir de manera efectiva la criminalidad organizada, conocer el contexto del conflicto armado, desarticular grupos que violan los DDHH y racionalizar los recursos de la entidad. Este instrumento aparentemente bondadoso en procura de la justicia, parece no estar direccionado a crímenes de lesa humanidad y masacres como la del HK 1803 de Avianca, o al despacho de la señora fiscal octava aun no le ha llegado la Directiva. Se supone que el documento atiende los parámetros de la Corte Interamericana de derechos Humanos que hace referencia a la obligación de investigar. Y eso sí ya da mucha risa. Disque con esto se atiende a las exigencias de verdad y justicia de las víctimas y de la sociedad civil toda.

Llevamos 23 años pidiendo al menos verdad sobre la masacre de nuestros padres, hijos, hermanos, esposos, familiares y amigos y ni eso nos han dado. Logramos declarar de lesa humanidad aquel horrendo crimen que estriba en lo más profundo de la demencia de un ser. Acompañamos todo el proceso legislativo de la Ley 1448 de 2011 rogando que nos tuvieran en cuenta a las víctimas del narcoterrorismo. Llegamos hasta el recurso de súplica de la Corte Inconstitucional (una vez excluidos de la precitada norma) , pusimos los muertos y ahora la famosa Directiva # 1 una vez más nos revictimiza. Establece también el instrumento que se debe trabajar en dirección de la noción de no impunidad acompañada del esfuerzo general de investigación y en la obligación estatal graves violaciones de derechos humanos, incluidos los delitos internacionales. Adiciona que se debe diferenciar la investigación de los procesos de acuerdo con su complejidad y señala que está prohibida la ausencia general de investigación y sanción penal. Ahora sí me morí de la risa.

23 años de impunidad no son suficientes para este supuesto Estado Social de Derecho. Ah, ¡ya se! Es que como ya no prescribe, el caso Avianca mínimo requiere de un hervorcito más. Paz en la tumba de nuestros muertos y esperanza para sus deudos. #nomasmentiras. Abrazo cálido. Seguimos trabajando.

@colconmemoria 

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