El programa AIS no fue concebido para campesinos de escasos recursos, sino para todo el sector agropecuario, por eso se refería expresamente a Pequeños, Medianos y Grandes productores. Según su patrimonio, cobijó a pobres y ricos por igual. Y era lógico, porque no buscaba equidad social ni “superar la pobreza” sino amortiguar el impacto del TLC con Estados Unidos sobre la totalidad de la economía agropecuaria. Fue una fórmula para hacer sostenible una actividad percibida desde las ciudades como “primaria”, pero absolutamente vital desde el punto de vista estratégico-político, considerando que de la seguridad alimentaria y del autoabastecimiento dependen conceptos tan elevados como Soberanía y Seguridad Nacional.

El sector agropecuario recibe fuertes subsidios mundialmente, pues para hacer viable la oferta alimentaria y proteger el empleo rural, los gobiernos prefieren poner la diferencia que falta entre el precio al que se vende, la leche por ejemplo, y lo que cueste producirla. La administración Uribe optó por no dar subsidios directos, e inventó un modo para mejorar la infraestructura agraria de campesinos -pobres y ricos- que los hiciera competitivos ante éste y aquel mercado.

AIS concebía que quien emprendiera o tuviera una actividad agrícola que pudiera volverse más eficiente, presentaría un proyecto viable y el gobierno podría aportar hasta el 80%. La mayoría para riego, porque el agua es la piedra angular de la estabilidad productiva en el agro y regar es la vacuna contra la incertidumbre por factores climáticos imprevisibles.

El programa partió de una formulación macroeconómica correcta y era más barato que los subsidios directos ya que se concibió para operar temporalmente mientras se acomodaba la complementariedad de las dos economías. De hecho, miles de productores se beneficiaron y mejoraron ostensiblemente su rentabilidad. Hasta allí, todo bien.

Pero una revista denunció que en el Magdalena AIS estaba concentrado en pocas familias samarias de alta capacidad económica. De ahí en adelante se estigmatizó la sigla AIS, sin considerar que eran beneficiarios habilitados por la ley y sus proyectos se ejecutaron. El pretexto para volver pecado lo que no era, fue una supuesta “fragmentación” y se montó en el subconsciente colectivo, una analogía según la cual parcelar un predio equivalía a algo así como el Fraccionamiento de Contratos, que sí es una modalidad penal; aunque en el agro, parcelar y producir en tierras arrendadas, es absolutamente normal.

Si hubieran revisado décadas de créditos bancarios otorgados para sembrar arroz, algodón o caña de azúcar, habrían comprobado que el arriendo es usual para cultivos de estación y permanentes; pero además, la posibilidad de arrendar democratiza el campo: en los archivos de los bancos hay miles de contratos de arrendamiento de campesinos rasos que, trabajando en tierras alquiladas se volvieron prósperos. Si investigaran antes de acusar encontrarían contratos, entre particulares, y de padres a hijos, porque cuando los hijos se van independizando el patrimonio de la familia se divide y los padres apoyan a sus hijos cediéndoles tierra para que siembren y ganen, pero los bancos exigen para los créditos un contrato de arrendamiento escrito. Esa tradición de nuestra economía campesina se desconoció y fue estigmatizada. Del falso estigma se pasó a lo penal y se han empeñado en convertir en delito la simple adjudicación de un aporte AIS que, en sí misma, no lo es.

Entonces, si era legal pedir y recibir el aporte ¿dónde está el delito? Habría delito si girado el dinero no hubieran realizado el proyecto; equivaldría a robarse la plata. También si sobornaron a funcionarios del IICA, o si inflaron cotizaciones y se apropiaron de la diferencia; desde luego también si algún funcionario del ministerio se hubiera enriquecido ilícitamente por “ayudar” en la selección. Por supuesto, si un beneficiario de AIS -de su época como ministro- hubiere donado dinero a la campaña de Arias, habría una grave indelicadeza. Y quizá un delito.

Paradójicamente las verificaciones muestran que los proyectos e inversiones agrícolas se hicieron, sin embargo la galería pide rabiosamente que los beneficiarios devuelvan los recursos invertidos y se encarceló a varios funcionarios que no parecen un peligro para la sociedad ni se entiende qué delito cometieron.

A uno puede parecerle inmoral y odioso que el estado “regale” dinero a empresas rentables y familias pudientes. Ese debate sería sobre el modelo económico y la coyuntura comercial, pero para zampar presa a una persona que cumplió un trámite de ley, debería ser necesario algo más que la antipatía colectiva desatada a partir de odios políticos y conveniencias sombrías. Privar de la libertad a un ser humano mutila la armonía emocional de toda su familia y eso solo debe suceder bajo la certeza plena de estar ante un crimen o un criminal. No parece ser el caso y  tal vez buscan donde no es.

Vale la pena aprovechar que la fiscalía citó a Lafaurie, para preguntarle si Fedegan o alguno de los negocios satélite que maneja, recibió dinero de Agro Ingreso Seguro; en qué cuantía, con qué destinación, y comprobar si se ejecutó correctamente. Porque AIS financiaba una amplia variedad de rubros directa o teóricamente vinculados al agro. Es factible que se haya puesto dinero público en inversiones inútiles. Es ahí donde hay que buscar, en lo que no se hizo con la plata. O en lo que se hizo y  benefició a quien no debía.

Entre tanto, han criminalizado lo que no es delito. Cómo será de cierto que el Ministro de Agricultura lanzó el DRE para reemplazar AIS, y es casi idéntico al modelo sustituido. El escándalo AIS fue pintado como el escamoteo de unos ricos a los pobres,  pero más que eso es una vendetta política. Curiosa sociedad ésta en la que nadie quiere ser pobre pero la pobreza es virtud, y la riqueza es pecado aunque todos la anhelen. No debe sorprendernos esta hipocresía generalizada en un país que es despectivo ante el fracaso pero sataniza el éxito material.

twitter: @sergioaraujoc