Lo que menos le conviene a Bogotá es que la decisión sobre la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) sea fruto de un contrapunteo político entre protagonistas de dos visiones de desarrollo de la ciudad.
Para que la discusión no continúe avanzando por donde no debe, la ciudadanía debe madrugar a exigir que el elemento rector de semejante decisión sean estudios respaldados por expertos sobre la conveniencia o no de la discutida vía.
Si bien, de una parte se argumenta que su construcción está contemplada desde hace 50 años, y que dicho corredor se necesita para resolver la movilidad entre las localidades anexas a Bogotá por el occidente, se debe evaluar técnicamente aspectos cruciales como su impacto en el ambiente y en el urbanismo del sector y de la ciudad.
No se puede perder de vista que en los tiempos en que se empezó a hablar de la ALO, el costo ambiental de las grandes obras era un asunto muy poco valorado; varias construcciones en la geografía nacional así lo constatan. Hoy, la cosa es distinta.
Según El Tiempo (2-2-2012.P.13), estudios de la Secretaría de Ambiente y diseños del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) indican que 1,3 kilómetros de los 50 que abarca la vía pasarían por 14,6 hectáreas de los humedales de Capellanía, La Conejera y Juan Amarillo. Así mismo, que la licencia ambiental expedida por la CAR desde tiempos de Diego Bravo (Actual gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá), solo autorizaba la construcción hasta la calle 170, el paso con puentes por dichos humedales y hacía fuertes exigencias ambientales. En el mismo informe, Bravo dice que el Ministerio de Ambiente revocó esa decisión y que más tarde se extendió el trazado y hubo otras modificaciones.
El debate debe darse con cabeza fría y la comunidad debe cuidar como nunca que la decisión no esté contaminada por intereses políticos ni de particulares. Debe imponerse el interés general.
Si los estudios y expertos recomiendan que se resuelvan los problemas de movilidad de esa zona y del tráfico pesado, haciendo modificaciones que garanticen la optimización urbanística del proyecto y la preservación verdadera de las funciones de drenaje natural, de limpieza del aire y de hábitat de distintas especies que los humedales como ecosistemas cumplen, pues a acatarlos.
Petro, al chocar, da el mensaje de que la posición que defiende obedece a un capricho personal. Para todos los casos, a los argumentos técnicos nada se les debe sobreponer. Se pone a prueba la responsabilidad de quienes intervienen en esta decisión.
