Aunque es usual hacer balances al final de un periodo, es mejor solo opinar sobre el momento y no sobre lo que debería ser o hacia donde se encamina el resultado de una gestión.
Por eso con el nuevo comportamiento o los cambios que se producen en el mandato actual se pueden señalar unos comentarios sin darles el peso de un análisis de un gobierno o de un gobernante.
Se destaca que Santos recibió el mensaje de que la atención al tema internacional –y a pesar de los indiscutibles éxitos y aprobación que le han significado- se puede volver un cuestionamiento o crítica en la medida que parece que se acompaña de un olvido de la tragedia interna. Hoy vemos al mandatario ‘aterrizando’ (en el sentido estricto tanto como en el figurativo) donde quiera que los medios convierten en noticia de primera página y dan despliegue a algún estrago, ya sea causado por la naturaleza o por el comportamiento humano.
Esta forma de intervención es bien recibida por las víctimas directas y desplegada por los diferentes instrumentos de divulgación, pero tiene algo de populismo que puede convertirlos en un problema posterior: el llegar a un sitio con soluciones discrimina con respecto a aquellos donde no se presenta el personaje, los cuales obviamente son muchísimos más que estos. Por ejemplo el millón y medio de pesos de subsidio prometido a los damnificados de un barrio de la capital contrasta con lo que no reciben las decenas de miles que no reciben esa ayuda.
Y otra especie de populismo –este más sofisticado- puede ser el énfasis en las ‘cifras de crecimiento’ o los indicadores macroeconómicos, cuando se habla del PIB teniendo en cuenta solo los incrementos pero sin tener en cuenta lo que se ha perdido en inversión productiva. Es algo como si teniendo una fábrica de camisas se quema la mitad perdiéndose tanto maquinaria como inventarios pero nada de eso se carga al balance y solo se contabiliza el mayor precio de lo que se vende; los altos precios del petróleo y el carbón muestran grandes utilidades pero los daños en la infraestructura y las pérdidas de la población en bienes y en capacidad de producir son mucho mayores a lo que eso representa. Sería natural que los damnificados sintieran que la complacencia del Gobierno con los resultados económicos debería convertirse en alivio para ellos (lo cual es como si con el mayor precio de las camisas se pudiera reconstruir la fábrica y reenrolar al personal cesante).
Otro tema interesante para ver qué desarrollo tendrá es el del decreto reglamentario de la Ley de Víctimas. El reglamentar cuales serán las cantidades a reconocer y los requisitos o trámites para los diferentes casos le da una dimensión real y realista a la política que está detrás. El tope de 21 millones (independientemente de la pérdida sufrida o el mal recibido) concreta las expectativas para quienes esperan ser resarcidos (probablemente acabando con muchas ilusiones) y al mismo tiempo permite convertirlo en un programa al cual se le organizará un manejo y se le asignarán unos recursos (que podrá ser medido no solo en cuanto al propósito de las promesas sino también en cuanto a lo eficiente de su administración).
Otro punto a anotar es lo desaparecido que se sienten los despachos y los responsables directos del tema de medio ambiente (cuando este pareciera que debería ser objeto de especial atención como causa principal de lo que vivimos). Ni la anterior responsable de la agencia especial, ni el actual Ministro parecen tener nada que decir ni respecto a lo que está sucediendo, del porqué de esto, o de lo previsible para el futuro tanto en cuanto a riesgos como a propuestas de gobierno para evitarlos.
También respecto a la minería y el campo de los hidrocarburos hay una especie de principio de inflexión que no se desarrolla: en cuanto a explotación sigue funcionando como la locomotora que jala la economía y sobre todo la inversión extranjera; pero como legislación se encuentra en una interinidad en la que no se sabe cómo se controlarán (en realidad ni siquiera cuales son) las miles de concesiones repartidas por el territorio nacional (incluidos páramos, reservas naturales, resguardos indígenas, etc.) ni en consecuencia se define la situación tanto de los explotadores sin licencia como de los concesionarios que esperan una definición al respecto.
La relación con Uribe sigue siendo tema obligado. La derrota electoral de sus candidatos y los resultados en la lucha contra la subversión han permitido ser más indiferentes a los ‘ataques twitteros del exmandatario, pero el actual Presidente no es de los que asume personalmente ninguna confrontación, así que lo castiga con el látigo de la condescendencia: habla bien de su antecesor y de sus políticas y no se desgasta en responderle.
Pero de todos los temas el que más queda en un limbo es el de la política de paz: no hay duda que es –o era- la principal meta del Presidente, en la medida que lograr cualquier forma de ‘tratado’ lo pasará a la historia (si suponemos que esa es su aspiración); pero lo que se presiente es que entre los cuestionamientos de la derecha y los éxitos logrado en la parte militar lo han puesto ante la inercia de seguir la vía armada, teniendo que darle preferencia sobre cualquier apertura a un diálogo.
Como en la posición del gobierno no hay mucha claridad sobre para dónde va en estos aspectos será el tiempo el que dirá cómo evolucionan…
