Ausencia de Estado y justicia

Publicado por: admin el Lun, 10/02/2020 - 09:21
Share
Desde hace años, viene haciendo carrera el linchamiento de delincuentes, por parte de ciudadanos en diferentes regiones del país; lo anterior, debido a la ausencia de Estado, debilidad y poca credib
Ausencia de Estado y justicia
Desde hace años, viene haciendo carrera el linchamiento de delincuentes, por parte de ciudadanos en diferentes regiones del país; lo anterior, debido a la ausencia de Estado, debilidad y poca credibilidad de la administración de justicia; lo que conlleva a que muchos decidan ejercer la justicia por sus propias manos y por supuesto, hacer valer su derecho a la legítima defensa. Esta situación, supone evaluar el papel del Estado como garante de la seguridad, la protección de la vida y la aplicación de justicia como derechos fundamentales, y a reflexionar si hoy las instituciones, están promoviendo el crimen y la impunidad, en lugar de combatirles con eficacia. En Colombia percibimos que el Estado, se ha ido deslegitimando como garante de derechos, es claro que hay una ineficiencia en la administración de justicia y en la aplicación de normas jurídicas; lo que implica introducir reformas estructurales al poder judicial, como también una lucha sin cuartel contra la corrupción que permitan recuperar la credibilidad y confianza  en las instituciones. Hechos como los que se presentaron con el famoso cartel de la toga, en los que se vieron involucrados presidentes y magistrados de las altas cortes, que negociaban fallos, la descomposición en el manejo de las cárceles y la permanente sensación de exoneración de algunos crímenes, han sido factores determinantes, para que los ciudadanos invaliden a los entes judiciales en su función sancionadora. Muy a propósito de lo anterior, hemos asistido recientemente a la polémica suscitada por la muerte de tres presuntos delincuentes - cuyos antecedentes al parecer sumarían más de 20 registros por suplantación de autoridad, hurto, porte ilegal de armas y receptación que intentaron secuestrar o atracar a un médico en el norte de Bogotá, el cual,  en ejercicio de su legítima defensa, al ver en peligro su vida, disparó el arma que llevaba consigo y dio muerte a estos criminales, en proporcionalidad a la acción delictiva. Uno se pregunta ¿cuáles son las acciones de las autoridades policiales y judiciales frente a los altos índices de  criminalidad que existen hoy en la capital de la república y así evitar, que hechos como este se sigan presentando? Lo ocurrido llamó la atención de todos, por haber sido tres los delincuentes muertos a manos de un prestante médico que logró defenderse del ataque de los criminales, pero este fenómeno de criminalidad es el pan de cada día, el atraco callejero, el asalto al comercio, a los bancos, el robo de celulares, el fleteo, etc. vienen aumentando en  localidades como Kennedy, Suba Usaquén, Chapinero y Ciudad Bolívar, en los que las víctimas se sienten impotentes y no vislumbran una estrategia clara y contundente para contrarrestar los delitos. El pasado 30 de diciembre el gobierno nacional, expidió el decreto 2409 de 2019, prorrogando una vez más la suspensión del porte general de armas, hasta el 30 de diciembre de 2020. No podemos desconocer que esta medida ha permitido reducir la ocurrencia de delitos, fenómenos de violencia y criminalidad en algunas zonas del país, por parte de personas que venían obrando de manera irregular con armas, y porque  el monopolio de ellas es exclusivo del estado, pero también es cierto, que hay casos excepcionales para el porte y tenencia de las mismas, en razón a las condiciones de vulnerabilidad que pueden tener empresarios, comerciantes o personalidades, para lo cual es necesario que el Ministerio de Defensa, evalúe las solicitudes para los permisos del porte de armas. Por otra parte, el 47% de las personas capturadas en Colombia, son reincidentes o han tenido capturas previas y no hay un seguimiento riguroso a estos delincuentes, cuando salen de los centros carcelarios, lo cual genera gran desconfianza en los ciudadanos. Hay que establecer mecanismos judiciales para contrarrestar la reincidencia de delincuentes peligrosos, que afectan la tranquilidad ciudadana. Según cifras del Inpec, en las cárceles del país hay alrededor de 23.570 reincidentes, de los cuales 1.752 son mujeres y 21.818, hombres, siendo el hurto el mayor delito cometido. Por su parte la Corte Constitucional, tumbó parte de la norma que permitía combatir la reincidencia de criminales y delincuentes vinculados a delitos que tuvieran antecedentes y  que debían ser enviados a las cárceles de manera preventiva. Es urgente que el gobierno nacional, la Fiscalía y las autoridades judiciales presenten una nueva ley que se adecúe a la sentencia de la corte, y a los  requisitos establecidos en la ley de procedimiento penal para contrarrestar este fenómeno. Entre tanto, la administración Distrital, debe trabajar en la implementación de estrategias y líneas de acción, que permitan reducir delitos como el hurto, el microtráfico de drogas, la presencia de bandas criminales en diferentes localidades, proteger los entornos escolares y trabajar de manera articulada con la policía metropolitana, los organismos de inteligencia, Fiscalía y las instituciones judiciales, para desarticular los agentes del delito, en aquellas zonas y barrios donde se presentan los mayores índices de criminalidad. No podemos retroceder frente a los avances obtenidos en la administración anterior, ni permitir que la falta de confianza en las instituciones y particularmente en la  justicia, sea aprovechada por las organizaciones delincuenciales para expandir su accionar. Es necesario una revisión profunda de la política de seguridad de Bogotá. Esta es una tarea urgente de la alcaldesa Claudia López junto a su equipo de seguridad, con el fin de garantizar  la tranquilidad de los bogotanos. Hay que activar nuevamente los frentes de seguridad ciudadana que fueron exitosos en la época en que el General Luis Ernesto Gilibert fue comandante de la Policía Metropolitana, en los que el ciudadano participaba de manera activa, en las estrategias de prevención del delito. El derecho a la vida  es un derecho fundamental y corresponde a las autoridades hacer respetar ese derecho con coadyuvancia de la ciudadanía.