Un sábado de este agosto de cometas pasé la noche en Bogotá, en casa de mi madre, al frente del Club Sirio-Libanés donde tenía lugar un ágape con buena orquesta, como estos amigos suelen festejar sin excepción los fines de semana. El barrio La Cabrera está acostumbrado a dormir con el güepa je con que los músicos arrullan al vecindario hasta después de las dos de la mañana. Deben ser los libaneses, pensé, pues con 300 víctimas rebeldes recientes, entre combatientes y civiles consecuencia de los violentos bombardeos aéreos del régimen sirio, no habría nada que celebrar.

Desde enero de 2011 se produjo el arribo a Siria de los coletazos de la Primavera Árabe como réplica de movimientos similares iniciados en el Sahara Occidental, para extenderse cual tsunami a Túnez, Egipto, Sudán y Libia. Ese es el nombre con el cual se denominó el clamor de los pueblos de algunas naciones árabes en procura de alcanzar una libertad democrática que les llevase a obtener cambios sociales, económicos y políticos en la lucha por eliminar su miseria. Para ello era imperativo sacudirse de regímenes autoritarios. Algo así como las revoluciones surgidas en Europa Oriental tras la caída en 1989 del Muro de Berlín.

Desde su primer florecimiento la juventud siria y el internet jugaron papel decisivo, contaron con el abierto apoyo de Estados Unidos y el silencio cómplice de las principales naciones europeas. En el caso de Siria, cerca del 40% de la población es menor de 15 años. Desde 1963, Siria es una república. En su territorio convivían en paz 19 millones de habitantes musulmanes, principalmente suníes con un 70% de la población, y otras varias etnias como drusos, alawitas, ismaelitas, chiitas y minorías de origen asirio, armenio, turco y kurdo junto con miles de refugiados palestinos. Por otra parte, fueron detenidos la bloguera Razan Ghazawi, uno de los símbolos de la revuelta popular contra el gobierno Asad, y el periodista Mazen Darwich, presidente, fundador y director del Centro Sirio de Libertad de Expresión.

Hafez el Asad, padre del regente Bashar el Asad, inició su gobierno en 1973 y se sostuvo en el poder hasta su muerte en el año 2000. Se mantuvo inamovible con base en sus servicios de seguridad, tras prohibir la creación en su país de cualquier partido político de oposición, así como también la participación de sus opositores en elecciones. La familia viene de la secta minoritaria alawita, rama del Islam chiita, que es solo 12,6 por ciento de la población de esa nación.

La oposición se organizó con la creación del Ejército Libre de Siria, mejor conocido como Movimiento de Oficiales Libres, al mando del  coronel Riyad al Asad, militar activo, quien invitó a efectivos de las fuerzas militares a desertar ante el anunció de que su ejército apoyaría a los manifestantes para derrocar el sistema declarando que las fuerzas de seguridad que atacasen a civiles se convertirían en blancos justificados. Al Asad no estaba cañando; a estas alturas del conflicto se habla de más de 25.000 víctimas entre los rebeldes, principalmente civiles. No en vano, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos el régimen ha realizado varias ejecuciones en Damasco.

No demoraron las reacciones de sus vecinos. El movimiento armado chiita Hezbolá afirmó desde Palestina que continuará en su apoyo a Irán y Siria contra las “conspiraciones internacionales” y las “amenazas”.

La Liga Árabe manifestó su “grave preocupación” por la situación de los derechos humanos en Siria y condena las “violaciones continuas y sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las autoridades sirias” y retiraron recientemente a sus observadores ante la crueldad del régimen y la falta de garantías para ellos. Los rebeldes han combatido con ferocidad. Es así como en julio pasado  murieron en atentado el ministro de Defensa, Daud Rayiha, el viceministro de ese departamento y cuñado de Al Asad, Asef Shaukat, y el asistente presidencial Hasan Turkmani, mientras que el general Hisham Ijtiar, jefe de la Seguridad Nacional, falleció dos días después debido a las heridas sufridas por la explosión.

Turquía, por su parte, exigió un alto al fuego inmediato amenazando con cortar el suministro eléctrico a Siria si el régimen continúa cometiendo “crímenes contra la humanidad.” Así mismo amenazó con el uso de armas de ser necesario. El Líbano manifestó que no tomará parte en sanciones contra Siria. La última arremetida proviene de los nuevos dirigentes de Egipto, quienes buscan recuperar el liderazgo de su país en la región.

La evidencia de violaciones de derechos humanos documentada por la misión de observación de la Liga Árabe en Siria refuerza los llamamientos a la comunidad internacional para que tome medidas con respecto al progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos y la seguridad en el país; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Así las cosas, el pasado 12 de julio, 186 países votaron por Colombia para la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El presidente Santos manifestó: “Colombia reitera su total disposición para facilitar una solución rápida que, por supuesto, disminuya la violencia que está sufriendo ese país. Y como país que está presidiendo el Consejo de Seguridad, estaremos más que dispuestos a facilitar cualquier acción en esa dirección”.

No se esperaba menos de nuestro presidente, quien en este momento le apuesta a una solución negociada con los grupos al margen de la ley que operan en nuestro país. Pero es muy importante tomar conciencia de que cuando se pretende liderar en Oslo, Noruega, negociaciones hacia una paz duradera en Colombia, la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obliga a no continuar pasando de agache.

@Sarandix