Sin duda alguna lo que resulte de las administraciones locales en el país, incluida la de Bogotá, dependerá en gran parte de la estructura de poder o relaciones entre las distintas fuerzas políticas que posibiliten el cumplimiento de su programa de gobierno mediante la conformación de la coalición mayoritaria.
La pregunta es hasta dónde el país, y particularmente Bogotá, puede o no entrar en una dinámica definida de un esquema gobierno-oposición, o si por el contrario mantiene el esquema lentejo heredado de Samuel Moreno de cooptar las distintas fuerzas políticas. El problema es que de esta forma se enerva la función central del Concejo como es el control político, el debate público, sin la espera de puestos, contratos, clientelas o prebendas burocráticas como hasta ahora se ha estilado en la política criolla a todo nivel.
De alguna manera el modelo reconciliador del gobierno Santos ha unificado tantas fuerzas políticas a su alrededor que acabó destiñendo la propia centro derecha de los Verdes, y poniendo a comer en el mismo plato a uribistas y antiuribistas, al punto de cada vez desdibujarse más sus lánguidos planteamientos ideológicos en la búsqueda desesperada de un “plato de lentejas”.
Un alcalde de verdad serio no debería someter a sus contradictores con la fuerza del bolígrafo o de los acuerdos que pasan por la retoma de los órganos de control, y el sacrificio de la meritocracia que tanto esperamos en el proceso de reconfiguración de los espacios democráticos en la megaciudad, en la “polis” del altiplano. Esperemos que la búsqueda del efectismo o resultado no se lleve de calle los medios y procedimientos participativos y se asfixie el control fiscal y disciplinario.
La arquitectura del poder pasa por fortalecer la contradicción y validarlos aún como minoría, pero en Colombia, parece empecinarse en repetir el esquema unanimista de corte autoritario que cierra el paso a su oponente o contradictor, prevalidos de la artillería unanimista de nítida fabricación nacional.
La relación gobierno local en Bogotá con las demás fuerzas políticas definirá no solo quien ocupe la Personería y la Procuraduría, y a qué sector pertenezca el mismo, sino el modelo mismo de democracia, y la posibilidad de avanzar categóricamente en un compromiso con espacios de meritocracia donde se juega el control de lo público en un modelo de administración que se predica como progresista. En otras palabras, por estos días el gran examen para el gobierno distrital es hasta dónde los espacios de poder ciudadano dan un paso adelante en la ciudad en materia de dirección de los órganos de control, y por tanto en los instrumentos fuertes de poder de la vigilancia de lo público. O si por el contrario, en definitiva este no cabe en la apuesta del progreso participativo que ofrece la administración petrista frente al fundado temor de ser devorado por unos órganos de control distritales que se coloquen ciegamente de lado de la oposición por la oposición, en el deseo de devorar el proyecto político que el nuevo partidario les enrostra. Amanecerá y veremos.
