Candidatos exóticos

No deja de ser exótico que Jaime Castro se haya inscrito como candidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia –AICO-. O que Antanas Mockus lo haya hecho en nombre de la Alianza Social Indígena, ahora rebautizada como Independiente, ASI. Y además de exótico, resulta aberrante y ofensivo que la aspiración a la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda) de Roberto Jiménez, hermano del exjefe paramilitar alias “Macaco”, se haga con el aval de un movimiento afrodescendiente. Nos dirán que todos tenemos genes indígenas. Y que nuestro mestizaje tiene un componente afro o negro. Que las discriminaciones y desigualdades por razones étnicas han desaparecido en nuestros contextos políticos. Que no existe ninguna diferencia que impida a cualquier ciudadano representar a las comunidades indígenas o a las afrodescendientes en el escenario público. Y hasta dirán que no existe ningún impedimento fáctico ni legal para que los movimientos políticos surgidos de estas minorías aspiren a representar a toda la sociedad. Otra cosa dice la Constitución de 1991. O su espíritu reformador y la imagen inédita de tres representantes indígenas haciendo parte de la Asamblea que la promulgó. Y otra cosa dice la larga historia de lucha de estás minorías por lograr un espacio digno en la sociedad colombiana. Primero, la remota resistencia a la Conquista  y al esclavismo. Luego la búsqueda más contemporánea del reconocimiento como parte de la nación y la creación de una normatividad que les garantizara a estas comunidades sus derechos territoriales y culturales. Y ello empezó con reconocernos constitucionalmente como una nación multiétnica y pluricultural. Allí mismo, en el Artículo 246, se abrió paso el reconocimiento de sus territorios, jurisdicciones y autoridades autónomas. Y con las circunscripciones electorales para indígenas y negritudes, ordenadas por los Artículos 171 y 176, se reconoció a los movimientos políticos de origen étnico y se aseguró su representación en el Congreso de la República. Más aún, estos movimientos y representantes suyos han gobernado para toda la sociedad como ocurrió con Floro Tunubalá como gobernador del departamento del Cauca. Que los indígenas o los afros nos gobiernen o nos representen, si así lo decidimos, es consecuente con la Constitución. Pero sustituirlos en su representación es una verdadera aberración. Y usar el aval de sus movimientos políticos para participar en una contienda electoral es un descarado acto de oportunismo político y una burla a la Constitución. Seguramente Castro y Mockus no conocen la sentencia T188/93 de la Corte Constitucional  que define como Comunidades Indígenas al “conjuntos de familias de ascendencia amerindia que comparten  sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de gobierno y control social internos que las diferencian de otras comunidades rurales (D.2001 de 1988, art. 2º) -, gozan de un status constitucional especial”. Y de pronto, Roberto Jiménez, olvidó que su hermano dirigió las hordas que desplazaron a sangre y fuego a miles de familias afrodescendientes en el Chocó. Pero a los movimientos étnicos hay que pedirles respeto por sus representados.