“Si esta actividad no se desarrolla de forma limpia, no va a durar”, es el núcleo de la respuesta del nuevo ministro de Minas y Energía, a la pregunta sobre qué prioridad le dará al tema ambiental, en entrevista concedida a El Tiempo (21-08-2011, p.2). Y remata: “Voy a empujar la ‘locomotora’, pero siempre asegurándome de que se haga de esa manera”.
Sin detenernos aquí en el cuestionamiento de fondo sobre el marchitamiento de nuestra industria manufacturera, producto del modelo económico del libre mercado que desde la década del 90 tuvimos la sabiduría de adoptar, y que nos ha ido conminando a centrar nuestra supervivencia en una economía primaria, marcada por la extracción de recursos naturales, se estaría ante un caso raro, y más en los tiempos que corren, de un alto funcionario, identificable con este modelo, que pone por encima los intereses del país sobre los inmediatos de las compañías mineras (¡!) que se han instalado en los últimos años en distintas regiones de nuestra geografía.
La problemática de la debilidad institucional y normativa del sector, acentuada por la nunca bien fundamentada abolición del Ministerio de Ambiente, en el gobierno pasado, y abonada por el contexto de privilegios para los inversionistas, se tradujo en una actividad minera que proyecta su desarrollo, con considerables liviandades ambientales, sociales y fiscales.
De ser cierto el compromiso del ministro Cárdenas y haciendo eco de analistas como Manuel Rodríguez Becerra y María Victoria Duque López, son varios los frentes que dentro de su consideración sobre el ambiente tendrá que encarar. Uno determinante es el proyectado Código de Minas, que suma críticas como: la cuestionable asesoría de interesados en su formulación; el alto volumen de las exenciones tributarias; las bajas tarifas de regalías (que, además, ya se ha dicho en anteriores escritos, no deben ser fijas sino estar atadas al comportamiento de precios); la poca capacidad institucional operativa y de control; la inexistencia de un ordenamiento ambiental del territorio, que establezca las áreas en que se puede desarrollar la actividad minera, así en el texto propuesto ya estén incorporados algunos ecosistemas en los que no está permitida dicha actividad; la desviación de asignar en la autoridad minera nacional la declaratoria de viabilidad de esa actividad en ese tipo de ecosistemas, cuando esta decisión debe corresponderle a la autoridad ambiental; la falta de un esquema riguroso de calificación para el otorgamiento de títulos mineros; la ausencia de la necesaria diferenciación entre minería ilegal y minería informal tradicional; y la ausencia de instrumentos eficaces para combatir la minería ilegal; amén de otros problemas.
La orientación de quienes han tomado las grandes decisiones económicas del país no da muchas esperanzas para creer que ahora se vaya a hacer realidad los enunciados de política y a poner las cosas en su sitio; es decir, los intereses de la nación por encima de los de las multinacionales. No quisiera insistir en estos asuntos, pero la realidad del día a día de las acciones de gobierno y la aquiescencia de la mayoría de los colombianos con tales acciones, con el discurso y con las cifras que no en todo su contexto suele mostrar la comunicación oficial, no dejan otra alternativa.
Por su lado, las compañías mineras andan preocupadas por la posible pérdida de la ‘licencia social’ como consecuencia de los pronunciamientos de distintos actores sobre los efectos ambientales de su actividad; pero, en lugar de pretender tapar el sol con un dedo, y exponerse a perder tal licencia, lo que deben hacer es apoyar el diseño de una normatividad recíproca, por encima de sus conveniencias, ceñirse estrictamente a ella, dar muestras reales de querer que todos ganen, de que respetan sagradamente el medio ambiente y a las comunidades, y ahí sí, con hechos verificables, salir a comunicarlo a los cuatro vientos. Si el mensaje coincide con la realidad, serán acogidos por la comunidad. Mientras tanto, tan solo por el gobierno y el establecimiento.
