Clientelas en Acción

22 de noviembre del 2010

Las constantes denuncias de numerosos medios de comunicación, de la ciudadanía, de la Misión de Observación Electoral o de organismos internacionales como Global Exchange y las investigaciones de los organismos de control sobre la corrupción en Acción Social al usar los recursos de los pobres y de las víctimas como fortines de la politiquería y el clientelismo regional, dejan ver la gran vulnerabilidad de las víctimas de la pobreza o la violencia frente a su acceso a los servicios sociales del Estado y a las futuras  reparaciones administrativas, compensaciones y restituciones de tierras anunciadas por el nuevo gobierno.

Situación que debe alertar sobre el riesgo que las políticas de la prosperidad democrática del presidente Santos y su intención de saldar la deuda histórica con las víctimas no lleguen a ningún lado, al quedar sus resultados bajo los mezquinos intereses de grupos políticos locales y mafias regionales que se han enriquecido política y económicamente a costillas de las necesidades de los más vulnerables.

Cabe recordar que hasta el mismo Departamento Nacional de Planeación ha detectado una mediación indebida de actores políticos en los registros a los programas de subsidios del Estado. Situación que se ha prestado para que no exista un criterio técnico de asignación sino una transacción clientelista donde, en muchos casos, quienes acceden al servicio o subsidio no son los más necesitados sino oportunistas que no se beneficiarían de la acción del Gobierno sino fuera por su pertenencia a la clientela que crearon los politiqueros con los recursos de la política social. Además, para lograr lo anterior no sólo se excluye a los verdaderos desamparados de la política de asistencia, sino que se llega a alterar los registros, falsificar documentos y acomodar los criterios.

Los subsidios de los pobres en programas como familias en acción se han convertido en verdaderos focos de corrupción y violaciones a la libertad política de los desposeídos que ven como su ciudadanía depende de un favor politiquero y no de su condición de vulnerabilidad extrema. Las Familias en Acción han sido convertidas en una prendería electoral, donde la gente empeña su libertad política a cambio de un mendrugo para sobrevivir. La acción humanitaria y social del Estado convertido en la caja menor del partido de la U o el partido Conservador, que públicamente promocionan su influencia en la creación y sostenimiento de Familias en Acción y que han visto crecer su influencia electoral ha medida que “clientelizan” pobres, que suman hoy la no despreciable cantidad de 3 millones de familias en este programa, que se multiplican en votos a lo largo y ancho de Colombia.

Por esto mientras los programas sociales se presenten como favores políticos y no como derechos, en muchas zonas del país los beneficiarios seguirán creyendo que la asistencia del Estado es una dádiva del cacique regional o de determinado partido; situación que nuevamente están explotando candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y JAL para las elecciones regionales del 2011 y que, a la vez, hacen parte del círculo vicioso que aprovecharán muchos congresistas para su reelección en el 2014. Macabra paradoja que hace que nuestra democracia electoral funcione perfectamente aceitada con la maquinaria clientelista sobre la ruina de la democracia ciudadana, que cada vez acumula más millones de víctimas de la miseria extrema y la exclusión social.

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