Conflicto, conflictividad y post conflicto

13 de marzo del 2015

El conflicto armado y la paz territorial

“Una sociedad mejor es aquella que tiene mejores conflictos”
Estanislao Zuleta

Amylkar D. Acosta M[1]

Conflicto armado o amenaza terrorista 

Colombia arrastra con el lastre de un conflicto armado de más de medio siglo, que ha dejado tras de sí una larga estela de muerte y destrucción, con más de 7 millones de víctimas, mortales unas y otras que han sido objeto del desplazamiento forzado o del confinamiento. Ello se ha constituido en un freno para su crecimiento, su desarrollo y progreso social. Por mucho tiempo se ignoró olímpicamente la existencia misma del conflicto, lo que impidió encontrar vías para su solución; con un criterio miope y reduccionista se consideraba que en este país lo que existía era meramente una amenaza terrorista por parte de unas bandas armadas al margen de la Ley que había que reducir a la impotencia confrontándolas mediante el ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado. Se trataba, según este enfoque, de un tumor maligno que había que extirpar, sin parar mientes en los efectos secundarios colaterales que ello pudiera conllevar. Lo cierto es que pasaron muchos gobiernos y muchas administraciones variopintas que se hicieron el propósito de ponerle fin a este conflicto, que hunde sus raíces en una realidad social y económica que le sirve de caldo de cultivo, sin lograrlo.

Bien dijo Einstein  que no hay problemas insolubles sino problemas mal planteados, lo demuestra el gran avance de las negociaciones que se adelantan en la Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC, la guerrilla más antigua del mundo. Bastó con que el Presidente Juan Manuel Santos le diera un giro de 180 grados a la concepción que hasta entonces se tenía con respecto a la guerra y la paz por parte del Estado colombiano. Al reconocer la existencia del conflicto armado se abrió la posibilidad de encontrarle una salida negociada al mismo y se ha avanzado tanto por este camino,  que puede decirse que nunca antes se había llegado tan lejos y nunca antes habíamos estado tan cerca del fin del fin de este conflicto. Podemos afirmar sin titubear que las negociaciones de la Habana ya arribó a un punto de no retorno, así lo demuestran la decisión tomada por las FARC, por primera vez en su largo historial desde que se levantaron en armas, de declarar un cese al fuego unilateral y con carácter indefinido y más recientemente al comprometerse a remover más de 100 mil minas antipersonas sembradas por ellos en casi 700 municipios en los últimos 25 años. Estos son pasos gigantes hacia la terminación de esta guerra.

La paz territorial 

Es una verdad de apuño que el teatro de esta guerra ha sido el campo colombiano y que sus moradores han sido quienes han llevado la peor parte; ello no es extraño al hecho de que sea allí en donde se concentra la pobreza y la exclusión social. El rezago mismo del sector agropecuario no es ajeno a esta circunstancia, exarcerbada por una política económica y de tierras que lo ha sumido en su postración y estancamiento prolongado. Colombia es un país caracterizado por las grandes brechas económicas y sociales interregionales e intrarregionales, a tal punto que muchos expertos no dudan en hablar de dos colombias en la que una de ellas concentra los beneficios del crecimiento y del desarrollo y la otra que se encuentra excluida de los mismos. Por ello y por mucho tiempo los violentólogos atribuían a tales causas objetivas la violencia, al servirle a esta como catalizadoras y a ratos de justificación a los violentos. Colombia, a pesar del vertiginoso proceso de urbanización y de descampesinización sigue siendo un país predominantemente rural, pues en la inmensa mayoría de sus municipios, aunque suene paradójico, predomina la población rural.

En el campo colombiano coexisten la actividad minera, agrícola y ganadera en medio de grandes tensiones que han conducido a una sumatoria de conflictos, cuál de ellos de mayor complejidad. A falta de un ordenamiento territorial se presenta allí un conflicto de usos y de ocupación del territorio, así como también un agudo y creciente conflicto social y ambiental. Sorprende saber que, según el Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el segundo país en el mundo y el primero en América Latina en conflictividad socio-ambiental. El meridiano de la guerra ha pasado por el territorio y, desde luego, el meridiano de la paz también habrá de pasar por el territorio, de allí que se haya convertido en un lugar común hablar de la paz territorial. El acento de la política de paz, que pasa por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, debe estar en las regiones, que lejos de ser sujetos pasivos de la misma están llamadas a ser las grandes protagonistas de dicho proceso.

Conflictividad y licencia social 

Una muestra palmaria de la conflictividad a que hacemos referencia es lo que viene aconteciendo en el sector minero-energético, enfrentado a constantes bloqueos y protestas sociales que no pocas veces a frenado e incluso ha dado al traste con proyectos importantes, no obstante que estos han contado con permisos y licencias por parte de las autoridades competentes. Incluso han surgido conflictos de competencias entre las autoridades nacionales y las territoriales, es el caso de la facultad para excluir áreas del territorio nacional de la actividad minera. Este conflicto lo dirimió a medias la Corte Constitucional, al declarar exequible mediante Sentencia C – 123 de 2014 el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 que le da dicha competencia a la Nación, pero la obliga acordar con ellas lo concerniente a “las medidas necesarias para la protección del ambiente sano y en especial de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”. La industria petrolera, particularmente, ha visto frenada su actividad a consecuencia de los paros cívicos, los bloqueos y las protestas sociales; nada menos el año anterior se dejaron de producir 75.000 barriles /día en promedio, aproximadamente, de los cuales 42.962 corresponden a situaciones asociadas a problemas sociales y ambientales que lo impidieron.

Un estudio publicado recientemente por Buston – marstellery Cnbc, que incluyó por primera vez a Colombia, basado en una Encuesta de percepción corporativa, llegó a la preocupante conclusión que el sector minero es el de peor reputación en el país: 47% del público y 43% de los ejecutivos de grandes empresas piensan que de los 14 sectores analizados la minería es la que tiene peor impacto en el medio ambiente. No hay que perder de vista que el medio ambiente es uno de los asuntos que viene despertando una mayor sensibilidad en la sociedad civil y no es para menos, dado que aunque Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en biodiversidad por kilómetro cuadrado es, según Informe de las Naciones Unidas (2010) es el tercero en vulnerabilidad frente al cambio climático. Cada vez es más evidente que las empresas para operar, además de contar con la licencia ambiental correspondiente y de tramitar la consulta previa cuando hay lugar a ella debe contar con la Licencia social para que sus proyectos sean viables. Es muy importante, también, tener en cuenta que el conflicto armado en Colombia ha sido un gran depredador, sobre todo en los últimos años cuando la minería ilegal se ha constituido en una de las principales fuentes con las que se financian los grupos armados al margen de la Ley.

Acuerdo y conflictividad social 

Ahora bien, la firma del Acuerdo de la Habana, que todos auguramos, no es el advenimiento de la paz; dicho Acuerdo no será un punto de llegada sino el punto de partida para, a partir de allí, construir la paz. No se trata de darles casa, carro y beca a la insurgencia una vez depongan las armas; se trata de abrirles espacio a ellos para desde la civilidad contribuyan también a la construcción de un nuevo país en paz, pero también se trata de reconstruir el tejido social desgarrado por el conflicto armado. Y ello no será posible sino con base en grandes transformaciones económicas y sociales profundas, que cierren las brechas que separan a unas regiones y otras, pero también a unos colombianos de primera de otros que han sido tratados históricamente como de segunda y tercera clase. Esta es la única manera que podamos arribar, finalmente, a una paz estable y duradera, para que nunca más se repitan en nuestro país las atrocidades y desmanes sin par que hemos padecido durante tanto tiempo. Ojalá se cumpla el aserto del Quijote de que “ni el bien ni el mal son duraderos y siendo que el mal ha durado tanto el bien debe de estar cerca”.

Debemos de estar advertidos de que con la firma de los acuerdos de la habana se le pone término al conflicto armado, pero no sólo no se van a desactivar los conflictos sociales sino que estos se van a potenciar. Las huestes de las FARC, una vez que hagan dejación de las armas, no se van a ir a veranear a las playas de varadero, nos tendremos que ir acostumbrando a verlos al frente de organizaciones sociales, en las corporaciones públicas, en los sindicatos y desde allí harán política, esta vez sin armas. Por ello es menester adelantar una gran pedagogía de la paz, para aclimatarla, para inducir la tolerancia  por las ideas ajenas, para que se pueda controvertir ideológicamente pero sin que nos matemos unos por otros como única forma de dirimir nuestras diferencias. Se tienen, entonces, que abrir más espacios, más escenarios para tramitar nuestras discrepancias de manera civilizada.

No hay que esperar a que se firme el Acuerdo con las FARC y Dios mediante más adelante con el ELN y de esta forma se le ponga punto final a la guerra para prepararnos para el post-conflicto, esta tarea es inaplazable. Pero, hay que tener en cuenta que la preparación para el post-conflicto no es un asunto privativo del Gobierno, nos incumbe a todos poner de nuestra parte, contribuir desde la Academia a que el post-conflicto conduzca a un país en paz, en donde reconciliación y el perdón sean la nota predominante. De lograrlo, este país dará un salto hacia el progreso con inclusión social en el que quepamos todos; indudablemente la paz es el bien público supremo de la Nación al que todos debemos apostarle.

[1] Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas

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