De la noche a la mañana cualquier persona que ose contratar con el Estado puede ser víctima de matoneo en las redes sociales o de acusaciones a priori, es prejuzgado y señalado de ser un corrupto, un deshonesto, un delincuente puesto al nivel de los Nule, de Emilio Tapia o de cualquier otro malandrín. El problema no es contratar con el Estado, el problema no son los contratistas sino el modelo de contratación.
De acuerdo con los preceptos neoliberales contemplados en la Ley 80 de 1993 de contratación estatal y otras como la Ley 136 de 1994, las entidades púbicas puestas al mismo nivel de las empresas privadas no deben producir pérdidas, éstas deben gastar más en inversión que en funcionamiento, situación que forzó un recorte de nómina y una consecuente reducción de planta de personal dando origen a los ‘gastos de funcionamiento asociados a proyectos de inversión’ para, por medio de ellos, contratar al personal requerido bajo la figura del contrato de prestación de servicios’.
Por lo anterior, se generan algunos efectos: Uno es el querido por este modelo de contratación, la precarización laboral que supuestamente recorta gastos a las entidades al evitarles el pago de prestaciones sociales a los contratistas, por ejemplo; y los "no queridos” como sacrificar los sindicatos al reducirse las plantas de personal y la suscripción de contratos de mínima duración para mantener el control sobre el personal, en otras palabras: para politiquear.
Y con politiquear se entiende la extorsión, el soborno, el peculado, el clientelismo; en una sola palabra: CORRUPCIÓN. Si quien dirige una entidad pública tiene potestad de nombrar o contratar a diestra y siniestra, tendrá a su vez la posibilidad de presionar indebidamente a los contratistas, de vulnerar sus derechos. Se hace necesaria la reorientación del presupuesto, verificar qué personal necesita cada entidad ingresándolo en la nómina por concurso, delimitando así el porcentaje de contratistas y asegurando la estabilidad de los procesos institucionales. ¿Qué harían los concejales, por ejemplo, si no pudieran pasar hojas de vida o recomendar personal? ¿Qué harían sin burocracia en entidades oficiales? ¿Cómo pagarían favores y votos?
Ilustración de @nadimcomics
Por otra parte, como aseguró Bogotá Como Vamos en su informe 2014, el contratista tiende a tener un desempeño superior en términos de calidad al del trabajador de planta; pero en Colombia, contrario a la ley, la mayoría de contratistas son funcionarios de hecho, cumplen horario, son subordinados al jefe y sus funciones no son especializadas como amerita su tipo de contrato.
El contratista por prestación de servicios no es un delincuente, es un ciudadano que ejerce su derecho al trabajo en condiciones muchísimo menos favorables que quienes ostentan un contrato laboral. No hay primas, vacaciones, subsidio de transporte, horas extras, dominicales, salud, pensión o cesantías; pero sí hay zozobra de sobra con contratos a 1 mes, 3 meses o a 1 año si se tiene suerte. ¿Con estas pésimas condiciones no son los contratistas presas fáciles de la corrupción? ¿Un trabajador formalizado con plenos derechos laborales y contratado por concurso no cuidaría mejor los recursos públicos?
Una contratación pública neoliberal en decadencia que atenta contra los derechos del trabajador, que permite la politiquería con los puestos de trabajo y es fuente de corrupción. El problema no es el contratista sino el modelo, la contratación pervertida.
El llamado:
Antes de juzgar o poner a alguien en la palestra pública hay varias cosas que deben ser tomadas en cuenta para analizar un contrato. El objeto y las obligaciones que deben ser observados con detenimiento, ante todo, cuánto tiempo y recursos debe emplear el contratista para ejecutar dicho contrato. Además, tener en cuenta por un lado que las entidades públicas existen tablas de honorarios que relacionan la experiencia académica y laboral del contratista, en este caso para aquellos que van a realizar labores huérfanas de ejecutores consecuencia del recorte de nómina tratado anteriormente. Por el otro, que en otros contratos de prestación de servicios, como los suscritos por Springer Von Schwarzenberg o Corpovisionarios, la remuneración la acuerdan las partes de acuerdo a la experticia del contratista y lo que requiera el contratante.
¿Por qué sin tener en cuenta nada de esto hasta el periodismo prejuzga?¿Por qué en este país tenemos la mala costumbre de ponerle precio al trabajo de los demás? Cada uno sabe cuánto vale lo que hace y así mismo cobra, está en el contratante la decisión de contratarlo o no. Es a la entidad pública y al ordenador de su gasto a quienes hay que ponerles los ojos encima, hacerles control.
Por cierto, ¿si los contratos fueran para la guerra y no para la paz algunos harían el mismo show cada vez que aparece uno? Parece ser que el problema es que no sean ellos o sus amigos los beneficiarios. Parece ser, además, que sufren de alzheimer porque llaman a otros corruptos pero se les olvida que cuando tuvieron la oportunidad siendo gobierno arrasaron con cuanta entidad encontraron a su paso DIAN, DNE, INCODER, el sistema de salud, entre otros.
@mafecarrascal
Ilustración de @nadimcomics
Por otra parte, como aseguró Bogotá Como Vamos en su informe 2014, el contratista tiende a tener un desempeño superior en términos de calidad al del trabajador de planta; pero en Colombia, contrario a la ley, la mayoría de contratistas son funcionarios de hecho, cumplen horario, son subordinados al jefe y sus funciones no son especializadas como amerita su tipo de contrato.
El contratista por prestación de servicios no es un delincuente, es un ciudadano que ejerce su derecho al trabajo en condiciones muchísimo menos favorables que quienes ostentan un contrato laboral. No hay primas, vacaciones, subsidio de transporte, horas extras, dominicales, salud, pensión o cesantías; pero sí hay zozobra de sobra con contratos a 1 mes, 3 meses o a 1 año si se tiene suerte. ¿Con estas pésimas condiciones no son los contratistas presas fáciles de la corrupción? ¿Un trabajador formalizado con plenos derechos laborales y contratado por concurso no cuidaría mejor los recursos públicos?
Una contratación pública neoliberal en decadencia que atenta contra los derechos del trabajador, que permite la politiquería con los puestos de trabajo y es fuente de corrupción. El problema no es el contratista sino el modelo, la contratación pervertida.
El llamado:
Antes de juzgar o poner a alguien en la palestra pública hay varias cosas que deben ser tomadas en cuenta para analizar un contrato. El objeto y las obligaciones que deben ser observados con detenimiento, ante todo, cuánto tiempo y recursos debe emplear el contratista para ejecutar dicho contrato. Además, tener en cuenta por un lado que las entidades públicas existen tablas de honorarios que relacionan la experiencia académica y laboral del contratista, en este caso para aquellos que van a realizar labores huérfanas de ejecutores consecuencia del recorte de nómina tratado anteriormente. Por el otro, que en otros contratos de prestación de servicios, como los suscritos por Springer Von Schwarzenberg o Corpovisionarios, la remuneración la acuerdan las partes de acuerdo a la experticia del contratista y lo que requiera el contratante.
¿Por qué sin tener en cuenta nada de esto hasta el periodismo prejuzga?¿Por qué en este país tenemos la mala costumbre de ponerle precio al trabajo de los demás? Cada uno sabe cuánto vale lo que hace y así mismo cobra, está en el contratante la decisión de contratarlo o no. Es a la entidad pública y al ordenador de su gasto a quienes hay que ponerles los ojos encima, hacerles control.
Por cierto, ¿si los contratos fueran para la guerra y no para la paz algunos harían el mismo show cada vez que aparece uno? Parece ser que el problema es que no sean ellos o sus amigos los beneficiarios. Parece ser, además, que sufren de alzheimer porque llaman a otros corruptos pero se les olvida que cuando tuvieron la oportunidad siendo gobierno arrasaron con cuanta entidad encontraron a su paso DIAN, DNE, INCODER, el sistema de salud, entre otros.
@mafecarrascal
