La judicialización del cartel de la contratación en Bogotá, particularmente la audiencia de pérdida de investidura que realizamos esta semana ante el Consejo de Estado contra el senador Iván Moreno, sigue mostrando reveladoras facetas de este frente a su esposa Lucy Luna, su hermano Samuel Moreno y otros como Julio Gómez, Álvaro Dávila, Emilio Tapia, y el no menos nefasto personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry.
Julio Gómez, Álvaro Dávila y Emilio Tapia libres y desiguales ante la ley
La vergonzosa condena de Julio Gómez –en términos de tiempo efectivo de prisión, y del monto de $67 millones, menos del 1% de lo que se sustrajera– nos lleva a inferir que parecería ser que Julio Gómez no se sometió a la justicia…la justicia fue sometida por Julio Gómez. Obtuvo una pena benigna e incierta, que además le permite disfrutar, sin condicionamiento alguno, cuanto le sustrajo a la ciudad. Y abre una compuerta por la que intentarán transitar los otros capos del cartel de la contratación: el abogado Álvaro Dávila–hoy en Estados Unidos– y Emilio Tapia –de feria en feria disfrutando de la compañía de reconocidas figuras de la belleza y de la parranda vallenata nacional, en un claro desafío a la justicia y a la sociedad colombiana.
Julio Gómez, quien como declaró Inocencio Meléndez –el condenado exasesor jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)– recibió de Samuel e Iván Moreno el IDU y decidió devolvérselo indignado porque “sólo había logrado 16 de 18 contratos en dicha entidad…” Este mismo Julio Gómez le acaba de “meter un gol” a la justicia con su irrisoria condena de apenas cinco años y una sanción de menos de 70 millones de pesos, y su regreso a casa. La respuesta a este descalabro parecería guardar relación con la eventual intervención del exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, muy cercano a Viviane Morales, conforme a lo denunciado en su momento por el exfiscal Germán Pabón (ver Semana).
El caso de Julio Gómez es la prueba de que la colaboración con la justicia en Colombia, por completo ha fracasado. La justicia condena a Julio Gómez a una pena ridícula y además lo envía a su casa. Esto quiere decir que la justicia colombiana no castiga al delincuente de cuello blanco; por el contrario, lo premia, lo exalta, le teme, se le arrodilla. En efecto, aquí se beneficia al delincuente de manera desmesurada y en cambio se desprotege a la víctima. Decisiones como esta ponen en evidencia cómo la justicia no solo alimenta selectivamente la impunidad, sino que termina agravando la crisis social en torno a la sospecha constante frente al operador judicial. Julio Gómez primero saquea las arcas de la ciudad, y ahora como si no le bastara sustrae la menguada dignidad de la justicia.
Nuestra lucha contra la corrupción está tan deformada que de seguir así vamos a terminar sancionando con penas ejemplares a los mandos medios del cartel de la contratación –o de la salud–, y dejando por fuera por verdaderos capos, los mandos altos, los tentáculos en el gobierno de Uribe, el séquito de esbirros de la corrupción enquistados en ministerios e institutos descentralizados y aún en órganos de control y de justicia –y que no decir de los Palacinos del cartel sector salud, con Fiscal General “amigo” e “impedido”–. Apuesto que Alejandro Montenegro y Liliana Pardo aunque colaboren efectivamente van a tener penas mayores que Julio Gómez, Álvaro Dávila o Emilio Tapia, e incluso que Samuel e Iván Moreno. Ya va siendo hora de que el nuevo fiscal general Luis Eduardo Montealegre le explique al país por qué aún siguen libres Emilio Tapia y Álvaro Dávila, –y su amigo Carlos Palacino– y en cualquier caso en qué van esos procesos, si es que la lucha contra la corrupción es su compromiso.
Emilio Tapia recibe el IDU y Samuel Moreno de comisionista a socio
Iván Moreno decide con su hermano Samuel Moreno, entonces Alcalde de Bogotá, entregarle el IDU a su contratista de bolsillo Emilio Tapia, quien habría mostrado su gran eficiencia en la manipulación contractual y saqueo de lo público en otras entidades del Distrito. Es entonces cuando, según Meléndez, Emilio Tapia –y no Samuel Moreno– no solo escoge, promueve y designa a Néstor Eugenio Ramírez como Director del IDU, sino que adicionalmente se incrementa el nivel de utilidades de los Moreno, que habrían dejaron de ser comisionistas para convertirse en socios de Tapia y gerentes en las mordidas del IDU por su conducto…
Rojas Birry cero y van más de tres…
El personero de Bogotá Francisco Rojas Birry habría sido el destinatario de la mitad de la comisión del 2% que tenía como destino al contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, la cual habría sido exigida a los Nule. El restante 6% pactado con los Nule tenía como destino los Moreno por intermedio de Álvaro Dávila, de los cuales habrían recibido más de $4.000 millones –y esperaban recibir otro tanto, cuyo no pago desató la guerra mafiosa de carteles: el cartel Nule contra el cartel Moreno, Dávila, Tapia, y Gómez juntos, conocido como el cartel de la contratación en la ciudad, que aún deja la mayoría de sus protagonistas por fuera– según lo aseguró ante el Consejo de Estado Germán Olano.
Resulta a todas luces inexplicable como hasta la fecha no se ha iniciado un proceso disciplinario o penal contra Rojas Birry por las graves omisiones como suprema autoridad distrital durante su archicuestionado cuatrienio al frente del ente de control, donde en sus propias narices se produjo uno de los más grandes desfalcos no solo de la ciudad sino del país. Tales omisiones precisan ser investigadas disciplinaria y penalmente; y así lo solicité en la audiencia respectiva.
Posdata
¿Qué pasa en la Fiscalía e incluso en la Contraloría con Saludcoop y Palacino?
Difícil creer que el único amigo que tiene en Saludcoop el actual fiscal general Eduardo Montealegre sea su gerente Carlos Palacino quien lo designó abogado –y de agradecimiento lo hizo su vecino vacacional en una casa de recreo en el Meta que aquel al parecer le “vendió” en un proyecto que con recursos de la salud de $270.000 millones se construyó a los que se hizo a través de 8.000 cheques sospechosos–. Y, si en el sector salud Montealegre no está impedido frente a ningún otro funcionario de Saludcoop, con mayor razón va siendo hora que el Fiscal General o el Vicefiscal General informen sobre los avances de este escabroso manejo de los recursos de la salud en dicha institución, donde la Procuraduría ha dado pasos firmes, justo cuando, según fuentes confiables, Palacino se disponía a entablar acciones judiciales para retomar el control de Saludcoop.
Mientras el cartel de la contratación en Bogotá es un virus que se resiste a morir sin haberse desarrollado plenamente, el cartel de la salud endilgado por la Procuraduría en cabeza de Palacino –siendo quizás más grave que el cartel de la contratación– amenaza con ahogarse sin siguiera haber nacido, pues detrás estaría un Superintendente de Salud que algunos lo ven como línea directa con Piedad Zucardi y Dilian Francisca Toro, a su vez cercanas a Palacino, quien habría financiado no pocas campañas de parlamentarios incluidos miembros de las comisiones que se ocupan del tema de salud en el Congreso de la República.
El problema es que la cartelización de la salud no solo afecta recursos multimillonarios sino que además tiene visos genocida, pues afecta y ha afectado la salud y condiciones de vida de cientos de miles de colombianos(as).
Contra Javier Cáceres no había prueba reina…pero reinaba la prueba
Con la caída de Javier Cáceres la lucha contra la corrupción en la Costa Caribe se divide en dos: antes y después de la condena de Cáceres. Como insistíamos desde antes que la Corte Suprema le abriera proceso penal, y dentro de los procesos judiciales que adelantamos contra él, resultaban evidentes sus nexos con el paramilitarismo, inicialmente bajo la mampara del mismo Polo Democrático. Cerca de una decena de magistrados del Consejo de Estado dijeron en salvamentos de voto, que Cáceres –quien lloró en la audiencia– debía perder su investidura por su manifiesta intervención en Etesa, que hoy se anuncia en liquidación. Este proceso ante el Consejo de Estado sirvió para desempolvar el de la Corte y producir esta condigna sanción contra alguien que se pregonaba como el “chuzo” de los corruptos. Y ahora ese chuzo, como en el caso de Carlos Alonso Lucio, se lo entierra él mismo por su relación con las autodefensas, mientras le vendía al país su imagen de demócrata radical.
