“El paro” de las madres comunitarias, que dejó desprotegidos a casi 20 mil niños, y que amenazaba con tumbar a Cristina Plazas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, terminó por fortalecerla.
En la última “prueba de fuerza” celebrada el jueves en la noche, cuando se tenía un arreglo listo para terminar con el conflicto, la señora Plazas fue alertada de un mico que pretendían imponer los abogados de las comunitarias.
El viceministro de trabajo, Enrique Borda, advirtió sobre un punto truculento, que dejaba vacíos jurídicos y la puerta abierta para favorecer nuevos pleitos, algunos a favor de los mismos abogados asesores.
Enterada del asunto, Plazas fue categórica en frenar la firma definitiva de los acuerdos, aunque ya había salido a celebrarlo, en un diálogo con Yamit Amad, en el que describió el panorama general de las madres comunitarias y su importancia, porque cuidan a miles de niños en el país, a nombre de unas fundaciones que a su vez apoya económicamente el gobierno.
Si bien, durante las protestas y el posterior debate realizado por el senador Alexander López, la opinión nacional no favorecía la intransigencia de la funcionaria, al final terminó entendiendo la necesidad de defenderlas pero sin sobrepasar la ley, ni comprometer recursos imposibles.
En ese juego de equilibrio, Plazas no solamente salió “viva” sino que los observadores terminaron entendiendo que se mantuvo responsable y justa, pero recia en las decisiones.
