Crónica de una trampa anunciada

Ahora que el gobierno quiere acabar en serio con la Comisión de Televisión y que ya han despachado en el Congreso cinco de los debates en los que no se ha debatido nada, el Ministerio y la Registraduría encontraron la fórmula mágica que podría llamarse el peculado perfecto para que la comisionada piedra en el zapato en la adjudicación a pupitrazo limpio del tercer canal y funcionaria incómoda para el gobierno anterior, que sigue mandando en la CNTV y en algunos oscuros rincones del Ministerio de Comunicaciones, quedara por fuera de la contienda. Como lo había advertido en esta columna el decreto electoral se diseñó con la perfección de reloj suizo para que el proceso terminara como hoy ha anunciado la Registraduría. O nulo, o con el triunfo de cualquiera que no sea la comisionada Zulma Casas. En efecto, todas las asociaciones que se inscribieron resultaron eliminadas por una curiosa interpretación de la Registraduría sobre el concepto ¨propio proceso democrático¨, a una bien craneada ambiguedad que puso el Ministerio para que las asociaciones legítimas cayeran en la trampa y se resbalaran en un galimatías que parecía decir una cosa pero que en la práctica dejaba la puerta abierta para que los funcionarios del órgano electoral entendieran exactamente lo contrario. Ya se había denunciado cómo el decreto incorporaba el magistral invento antidemocrático de ponderar el voto, en el que se castigaba la participación y se premiaba a las minorías. Ya se había contado también que el Ministerio hizo el cálculo exacto para que la suplencia de la vacancia no se diera y la comisionada tuviera que irse cuando se le vencía su periodo porque el Ministerio no convocó a tiempo las elecciones. Pero con lo que no contaban los electores era con la astucia de quienes diseñaron el decreto reglamentario. Esgrimía un principio general según el cual ¨cada una de las asociaciones... elegirá por su propio sistema democrático interno, un delegado que represente la intención de voto..¨. Y sobre la acreditación de delgados dijo que ¨cada asociación deberá acreditar mediante certificación...que se surtió el proceso de selección democrática interna...¨ La Registraduría entendía que se necesitaba la firma de los 50 asociados que debía tener cada asociación. Y aunque verbalmente el Ministerio decía que no, le dejaron a la Registraduría que entendiera lo contrario. Y cuando la Procuraduría le pidió claridad se limitó a decir, palabras más palabras menos, que eso estaba claro. Con lo cual la Registraduría entendió que se requería asamblea e invalidó las decisiones de las juntas directivas, por que no le parecieron producto de un proceso democrático. Con esta interpretación errónea no se le daba validez democrática y representativa a las juntas directivas y no se aceptaba su ejercicio como un mecanismo democrático en sí mismo. Se confunde la exigencia de un proceso democrático interno con la exigencia del número mínimo de asociados. Sí el Ministerio quería que fueran todos, eso se llama asamblea y bien podía haberlo dicho explícitamente. Claro que un decreto que sale el 24 de febrero y convoca para las inscripciones el 17 de marzo se habría excedido al imponer un mecanismo de elección y no garantizaba la eficacia y la participación al no haber dado el tiempo suficiente para realizar la convocatoria de todos los asociados. El Ministro nunca dijo explícitamente si la expresión del Ministerio cuando habla de los asociados se debía entender como todos los asociados, o sí más bien se podía entender como un número cualquiera de asociados, siempre que fuera representativo de la voluntad de las mayorías y se pudiera verificar su participación en la decisión. Y si lo que quería eran las firmas de todos los asociados, tampoco lo dijo explícitamente. Lo que ocurrió fue que, con pinzas, el Ministerio saboteó el proceso para que fracasara la elección o para que Zulma Casas no ganara. Lo lamentable es que las asociaciones que ya de pos sí les queda difícil sobrevivir, terminan expuestas como si se tratara de piratas. Y lo peor es que se olvida que para acabar con la CNTV no se necesita un proceso paralelo. Esas prácticas de no respetar el debido proceso llevó al país a que el paralelismo generara un mal peor que la enfermedad como sucedió con los paramilitares.