Uno  de los ejemplos más notables  de voluntariado cívico  es el ejercicio de la veeduría y en general del control social. Por su naturaleza éste comporta, presupone e integra  elementos extremos como son  análisis, evaluación, recaudo de pruebas, cotejo de fuentes,  valoración de hallazgos, connotaciones legales, acciones posibles, y un proceso de redacción o argumental donde termina el informe, y el arduo seguimiento mismo a este proceso, que a su turno implica la revaloración de la espiral anterior.

Lo que  resulta  aun más complejo no es el entorno valorarativo propio del ejercicio veedurial sino el escenario polémico y riesgoso donde se ejerce dicho control social desprovisto de garantías reales para su ejercicio efectivo y su sostenibilidad logística, pero sobretodo, de sobrevivencia física.

Son los veedores quienes  le han dedicado no solo su esfuerzo sino su vida  en una brega por defender lo público por su propia  cuenta, riesgo y responsabilidad, a diferencia de otros  grupos  de presión. Los veedores no reciben ningún ingreso ni apoyo, en otras palabras pagan no solo por servirle al país, sino por  la más de las veces poner “la carne – esto es su propio pellejo- en el asador”, y en no pocas veces anónimamente perder tamaña apuesta.

Pero la pregunta que sigue  es ¿cuánto tiempo de servicio cívico le aporta  a su comunidad y de suyo al país  un veedor?  La respuesta no es fácil.  La mayoría ocupa  no menos de media  jornada laboral diaria, aporta los recursos de transporte, y su propia logística personal –papelería, correo, servicio telefónico- como sede tiene y dispone de su propia residencia, su trinchera personal.

Son cuando menos 180 días laborales al año, sin contar las horas extras, los interminables fines  de semana, y de trabajo extra nocturno…siempre  en disponibilidad reconocida por lo colectivo. Y de estos abnegados  ciudadanos y ciudadanas mal contados  hay no menos de dos o tres en cada municipio, para contar por lo bajo, en ciudades intermedias  y capitales donde  esta  tasa aumenta sustancialmente. Uno termina contando en este ejercito de baluartes no menos de 10.000,  que representan no menos de 5.000 jornadas laborales, esto es una cifra muy superior a las 40.000 horas de voluntariado agregado por año, labor  que si se pagara en salarios mínimos sería  no menos de 20 mil millones de pesos.

Sin embargo, la función preventiva  de dicha  gestión, así como la correctiva supone hallazgos y defensa tutelar  de recursos por mas  de 20 billones de pesos, sin tener  en cuenta los casos de gran impacto, y hallazgos propios que no fueron detectados ni por los órganos  de control ni por el aparato judicial cuyo costo es decenas  de veces superior.

El país  celebra la Constitución del 91 en su segunda década de vigencia, pero nunca  antes había estado más  lejos  de la promoción de la participación ciudadana independiente y autónoma. El Estado en general piensa que promover la participación ciudadana es dictar seminarios, conferencias con recursos que solo alimentan a consultores privados, y que  no generan, ni están diseñados para promover procesos de participación sostenibles.

El único instrumento de participación ciudadana realmente cívico son aun las veedurías, que demandan un régimen de autocontrol, más  estructuración, un código de ética más visible, pero como el mismo no es apéndice de ningún partido o movimiento político, ni proselitista, como ha mostrado una capacidad sin precedentes, en lugar  ser promovida por el Estado, ha sido abandonada a su propia suerte, bajo el errático punto de vista de que el silencio ciudadano beneficiará el control de lo públicos no solo por los ineptos sino por los corruptos; esto es, sobre la base de un país de exclusión al servicio de  las minorías bajo el cielo común de la impunidad.

Solo quienes entiendan la perversidad de tal ejercicio podrán redireccionar este histórico empeño ciudadano como un frente común de construcción y servicio a favor de lo público. Solo servidores e instituciones públicas y/o empresa privada que comprendan la magnitud e importancia de dar un paso adelante se comprometerán no demagógica sino efectivamente, y competirán sanamente en el propósito de contribuir en la promoción y estimular la participación ciudadana, un voluntariado organizado, el control social y los espacios de veeduría ciudadana como un todo: del control social al voluntariado integral, donde la denuncia y la vigilancia sean solo un componente  del ejercicio continuo y extendido de solidaridad real.