La Cumbre Climática de Durban evidenció, una vez más, la falta de compromiso de las naciones industrializadas para contener el cambio climático y la efímera esperanza para consensuar una legislación vinculante en la materia. La postura contrasta con los ingentes esfuerzos de los países de menores ingresos para “limpiar” la atmósfera, los menos responsables, de lejos, de este desastre planetario. Razón tienen quienes aseguran que la intransigencia inmoral de los ricos dejó la política climática mundial en un limbo, que ha terminado por depender del esfuerzo espontáneo y altruistas que se realice en el ámbito local, en municipios o regiones productivas de los países en desarrollo.
Así lo entendió la ganadería colombiana. Entre otras razones, porque es imposible ignorar las valoraciones apocalípticas y los efectos de la variabilidad extrema del clima que nos están pegando de frente. El impacto devastador de las dos Niñas, son sólo una muestra de lo que está por venir, según los entendidos. De hecho, Colombia junto con Guatemala y Pakistán, encabezan la lista de países con mayor vulnerabilidad y riesgo ante desastres naturales que, paulatinamente, se profundizarán al ritmo de la producción de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, China, India, Rusia, Japón, Alemania o Canadá, responsables de más del 50% de las emisiones que le están subiendo la temperatura al planeta.
En contra del pesimismo que generó la deserción de Canadá del cuestionado Protocolo de Kioto, nuestros esfuerzos han sido descomunales y en buena medida, han estado asociados a instrumentos que generó ese pacto. El primer envión, busca migrar en menos de una década, un millón hectáreas hacia sistemas silvopastoriles, bajo esquemas de uso sustentable de la tierra y pagos por la prestación de servicios ambientales. El proyecto cuenta con 19,9 millones de dólares, 7 millones de dólares donados por el GEF del Banco Mundial, al que se ha sumado la cooperación técnica y económica de productores, sector oficial y organismos nacionales e internacionales como CIPAV, Catie, The Nature Conservancy (TNC) y el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez.
Un segundo esfuerzo comprende un ambicioso programa de cooperación con el Gobierno Británico, que involucra recursos por 15 millones de libras, con el objetivo de mitigar el cambio climático, apoyar el proyecto de ganadería sostenible y favorecer la emergencia de nuevos servicios ambientales. Aunque no son los únicos propósitos para el próximo año, pues hemos estado explorando la alternativa de mitigar el impacto ambiental ocasionado por la extracción minera, por la vía de expandir sistemas silvopastoriles a sus áreas de influencia.
Si bien los proyectos han mostrado resultados verificables, debemos reconocer que para hacer realidad el desarrollo sostenible de la ganadería, necesitamos el reconocimiento político sobre la complejidad del cambio climático y su impacto sobre sectores sensibles al mismo. Un esfuerzo que pasa por entender que su resolución involucra las esferas económica y productiva, que tocan de frente la justicia y la equidad, en la medida en que está ligado a la seguridad alimentaria, ambiental y energética. Pero, fundamentalmente, que está atado al diseño del modelo de desarrollo económico.
Por esta vía no será difícil articular esfuerzos para financiar nuestro propio “Fondo Verde del Clima”, para garantizar políticas públicas que incentiven la inversión en prácticas conservacionista, el uso sustentable de los recursos naturales en la ruralidad y la reconversión productiva ganadera. Sólo este último esfuerzo demanda recursos entre cuatro y cinco millones de pesos por hectárea, lo que lleva a un cálculo de cinco billones de pesos para un millón de hectáreas. Son decisiones que involucran no sólo a los productores, sino al Gobierno y a los actores descentralizados, en una responsabilidad que, por razones de éticas y humanitarias, compromete a todos.
