Dololed: el rol de la ciencia en la democracia

Publicado por: admin el Mié, 29/01/2020 - 09:55
Share
En el mercado nacional las pastillas de “Dololed” tienen un registro de Invima y se vende como producto, a base de caléndula, que ayuda a reducir los dolores. Con esta información, las personas
Dololed: el rol de la ciencia en la democracia
En el mercado nacional las pastillas de “Dololed” tienen un registro de Invima y se vende como producto, a base de caléndula, que ayuda a reducir los dolores. Con esta información, las personas compran el producto creyendo que están adquiriendo un medicamento completamente natural. Sin embargo, el pasado 20 de enero la química Elena Stashenko informó a medios de comunicación que en el laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinas Tropicales CENIVAM de la Universidad Industrial de Santander (UIS) -del cual es directora- encontraron la presencia de diclofenaco en varias muestras hechas al producto “Dololed”. Pese a que no era la primera vez que la directora de CENIVAM había alertado sobre el tema, en esta ocasión, el Invima emitió una alerta sanitaria tras encontrar rastros de diclofenaco en cinco (5) lotes del medicamento a base de caléndula “Dololed”. Haber divulgado públicamente esa información ha implicado que la doctora Stashenko se ha visto obligada a responder a requerimientos de importantes firmas de abogados que, en representación de la firma del producto, anunciaron acciones legales contra ella por haber afirmado que “todas las pastillas de Dololed tienen diclofenaco”, pues, a juicio de ellos esas afirmaciones son “mendaces, irresponsables, y causan grave daño a la reputación y el patrimonio de Laboratorios Pronabell S.A.S”. Elena Stashenko, quien es una reconocida investigadora en Colombia e internacionalmente, consideró como ciudadana colombiana y como científica, que era su deber informar a la comunidad y a las instituciones de control sobre los hallazgos que encontró en el laboratorio del análisis químico que hizo a Dololed. Lo anterior debido a que no se trató de un hallazgo particular, sino de uno sistemático las muestras analizadas al producto adquirido en diferentes droguerías de Bucaramanga y de otros municipios del país. La posición de la científica de divulgar lo que vió en el laboratorio para prevenir el uso desinformado del contenido de Dololed, contrasta con la forma en que los abogados que, con el fin de proteger la reputación de la firma farmacéutica, usaron términos intimidantes. Mientras que la investigadora basa su posición en resultados de los análisis científicos hechos a las muestras seleccionadas siguiendo el método científico, los abogados centran su alegado en la forma en que la investigadora usó públicamente la frase “todas las pastillas” para desacreditar sus resultados científicos encontrados en las muestras. Este asunto nos permite promover el análisis de las siguientes preguntas: ¿Es obligación de los científicos divulgar públicamente cualquier hallazgo que pueden comprometer la salud de los ciudadanos?, ¿Puede un abogado usar términos intimidantes para que un científico deba callar los hallazgos que encuentra en el laboratorio?, ¿En qué medida el estado está respondiendo a su deber de contar con instituciones altamente idóneas, desde lo científico, para que autoricen y vigilen permanentemente los productos que están en el mercado?, ¿Hasta dónde va el rol de los científicos en una democracia? Frente a algunas de estas preguntas vale la pena referirse a un principio básico del derecho: El bien común prima sobre el bien particular. En ese sentido, en el caso de Dololed, resulta evidente que prima el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre un producto que tiene componentes que le pueden afectar la salud, frente al derecho a la buena reputación de una firma particular. Por lo anterior, el caso de Dololed sienta un precedente para aclarar, por un lado, que es obligación de los científicos seguir informando sobre resultados de investigación que busquen proteger a la ciudadanía; y por el otro lado, es deber de los abogados contra-argumentar con evidencia científica y no seguir con la retórica de la semántica que, en algunos casos, ha generado el estancamiento del conocimiento. Esto, debido a que ambos, científicos y abogados, son actores relevantes en una democracia participativa, pues ambos deben tender puentes de discusiones argumentativas para proyectar a Colombia en la era del conocimiento.