El Acto Legislativo para las Farc

El acto legislativo para la paz, o el acto legislativo para las Farc, como lo he denominado, debe generar profunda preocupación y escozor en todos los colombianos. Lo que está hoy en riesgo no es nada distinto a la Constitución política de 1991, así como la supervivencia en el tiempo del Estado Social de Derecho colombiano. Allí se contienen unas modificaciones sustanciales, profundas, supremamente graves al principio democrático que ha regido a Colombia. Faltándole dos debates a este proyecto, el Gobierno le incluyó un artículo que reconoce como acuerdo especial del Derecho Internacional Humanitario los acuerdos del Gobierno y las Farc, vinculándolos al bloque de constitucionalidad. Como consecuencia de esto, el Congreso de la República, que encarna la voluntad popular, será usado únicamente como notario de los acuerdos a los que se está llegando en La Habana. Además, ahora resulta que los criminales de guerra, que los delincuentes de lesa humanidad y los narcotraficantes, se van a graduar de constituyentes. El procedimiento para la ratificación y la implementación de los acuerdos que deben pasar por el Congreso, son una nueva burla al país, en los que no se podrán presentar modificaciones que no sean autorizadas por el Ejecutivo. Con estas maniobras, el Gobierno busca tener un trámite expedito a expensas de quebrantar los mecanismos para reformar la Constitución que determina que los actos legislativos deben tener ocho debates y no cuatro como lo pretende el acto legislativo para la paz. Adicionalmente, este proyecto desconoce el poder legislativo en el artículo segundo, con las facultades extraordinarias que se le dan al Presidente para expedir decretos Ley, los cuales no podrían ser revisados por legislativo. Es así que este Congreso sigue casi que quitándose sus funciones constitucionales, traicionando la legitimidad que le da la voluntad popular de reformar la Constitución y de legislar. Ante este panorama me pregunto ¿Cuál es la necesidad, en un Estado de Derecho, de quitarle poder al Congreso? En cuanto al plebiscito aprobado por las mayorías, este tiene el mismo umbral del realizado en el país hace 60 años. ¿A quién se le ocurre pensar que eso puede legitimar el proceso? O que ¿puede ser una decisión soberana de un país que tiene 50 millones de habitantes? Eso es otra burla al país. Un plebiscito que tenga un umbral de esas características, no solamente va en contra de la Constitución sino que además no le da ninguna legitimidad a lo que se acuerde en La Habana. Por si fuera poco, el Congreso va a aprobar irresponsablemente el proyecto sin ni siquiera saber una coma de lo que contiene los acuerdos. De esta manera se ratifica que lo negociado con las Farc es un acuerdo de impunidad, que allí no hay una mesa de negociación, sino una mesa de concesiones. Por tal motivo debe la ciudadanía alzar su voz, democrática, pacífica y dentro del marco de la Constitución y la Ley, para evitar que el presidente Juan Manuel Santos le entregue el país a los narcoterroristas de las Farc. @sanvalgo