El caso de Alison Brigitte

El secuestro de la bebé Alison Brigitte en Bogotá generó un sentimiento de solidaridad nacional pocas veces visto. Los medios de comunicación, la sociedad en general y las fuerzas del orden se volcaron, durante los pocos días que duró el rapto, al seguimiento de la noticia y la persecución de los captores de la criatura. La historia conmovió en lo más profundo al país: el dolor de los padres y la familia de Alison Brigitte de alguna manera representaban la tragedia de cientos de familias colombianas que han padecido el flagelo del más cruel y execrable de todos los delitos: el secuestro.

La alegría y el alborozo generalizado por el rescate de la recién nacida se transformó pronto en ira y desazón: un juez de control de garantías dejó en libertad a la secuestradora bajo el argumento de que no representaba un verdadero peligro para la sociedad. Se conoció, simultáneamente, que la secuestradora había perdido un embarazo y que no encontró otra forma de sustituir a su hijo muerto que secuestrando a Alison Brigitte. Los medios no tardaron en registrar la noticia, según la cual la madre de Alison Brigitte era menor de 14 años al momento de haberla dado a luz, lo que convertía inmediatamente al padre de la niña, y a Jhon Franco, un hombre de 27 años, en un infractor de la ley. Nuestra legislación contempla que, sin importar si la relación es consentida, la persona adulta que tiene relaciones sexuales con otra menor de 14 años incurrirá en el delito de Acceso Carnal abusivo. En este caso la responsabilidad es prácticamente objetiva, pues lo que debe evaluar el operador judicial para que se configure el delito es única y exclusivamente la edad del menor. Es en este punto donde surgen varias situaciones que merecen un análisis detallado y sin apasionamientos. No hay duda de que el padre de Alison Brigitte violó la ley. Es claro, además, que siendo la madre de la niña una menor, la custodia y protección de su integridad física y moral recaía sobre sus padres -los abuelos de la pequeña-; luego estos deberían eventualmente responder penalmente como determinadores de la conducta de su yerno, en el entendido de haber dado la aprobación para dicha relación. No escapan de la órbita de la justicia los progenitores de Jhon Franco, que, al igual que los vecinos y demás conocidos de la pareja “dispareja”, habrían actuado en calidad de cómplices al no haber denunciado lo que a todas luces constituía una infracción a la ley. ¿Qué hacer entonces? ¿Encarcelar al padre de la criatura, a los abuelos maternos, paternos y demás miembros de la familia, quitándole toda posibilidad a Alison Brigitte de crecer en un hogar rodeada del amor de sus seres queridos? ¿Es justo que la niña y su madre -que es otra niña- terminen en un hogar del Bienestar Familiar? ¿Será necesario procesar a todos aquellos que conocían de la relación y no lo denunciaron? Hay más de 8.600 casos iguales reportados y tan solo 300 judicializados. Para empezar, no hay cárcel para tanta gente… Si esos son los datos oficiales, no me quiero imaginar la cifra real. Debo señalar enfáticamente que ese tipo de relaciones no son aceptables, pero tengo la certeza de que constituyen un problema de salud pública y educación, y no un tema del Derecho Penal. Si el Estado hiciera campañas de sensibilización para prevenir este tipo de embarazos, y la gente más humilde (a más pobreza, más casos) supiera por cursos o cartillas de la ilegalidad que implica relacionarse con un menor de edad, otro sería el panorama. Lamentablemente el Estado colombiano no previene, reprime, y solo aparece cuando hay un escándalo mediático como el de Alison Brigitte. Hay que revisar en profundidad la situación, no vaya ser que se esté cometiendo una injusticia superior a la que se pretende perseguir. abdelaespriella@lawyersenterprise.com