Esta semana el Gobierno Nacional presentó el catastro multipropósito que busca actualizar la información de bienes inmuebles que pertenecen al Estado y a particulares y, de esta manera, designar esta herramienta como un servicio público de los municipios, tener información certera sobre el recaudo del impuesto predial y ejecutar planes que beneficien al campo colombiano, entre otros beneficios.
En nuestro país la clasificación de las viviendas y en general de los predios urbanos o rurales depende de la información catastral que exista sobre ellos para las autoridades. Esta información, concretamente, se refiere a los datos estadísticos sobre las principales cualidades de los predios, como el uso que se le da al suelo o sus características físicas, comerciales, ambientales, topográficas, entre otras.
Históricamente en Colombia, la información que reúne el catastro ha tenido un uso muy limitado y reducido, pese a su gran potencial para organizar y potenciar el desarrollo urbano y rural de los 1.122 municipios del país, así como para aportar en la reducción del nivel de desigualdad e inequidad. Entre otras funciones está: valorar la capacidad contributiva de los propietarios, definir las carencias y necesidades en servicios públicos al interior de las regiones, legalizar la propiedad informal y optimizar el uso del suelo para fines agropecuarios, industriales, urbanísticos o de conservación.
Infortunadamente la primera causa de su ineficiencia ha sido la desactualización en las bases de datos, al respecto se estima que el 94,4% de los municipios carecen de información catastral actualizada según el Gobierno Nacional, esto a pesar del esfuerzo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que, hasta ahora, ha sido la única entidad responsable del catastro y nunca tuvo los recursos necesarios para culminar esta extensa labor.
Esto ha tenido consecuencias culturales desafortunadas; por ejemplo, la figura de la estratificación catastral para fines tributarios y tarifarios lamentablemente se ha convertido en un factor para discriminar entre las diferentes clases sociales del país según sus ingresos y el lugar en donde viven, sin considerar que por cuenta de la misma desactualización de su información carece de objetividad para los fines propuestos y exige un cambio inmediato en su uso y metodología.
Dadas las circunstancias, destacamos positivamente la implementación del catastro multipropósito luego de la aprobación del Conpes por parte del Gobierno Nacional, lo que permitirá extender su utilidad hacia nuevas áreas, optimizando el uso de la información estadística para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en las diversas regiones que componen nuestra geografía.
Para ello, se requiere de un importante esfuerzo para su actualización y qué mejor que sea cada municipio quien se encargue de esta tarea, por supuesto con el apoyo del IGAC, que seguirá vinculado al proceso con el apoyo de gestores catastrales a nivel regional, bajo la vigilancia de la Superintendencia de Notariado y Registro, y con el importante apoyo financiero del BID y del Banco Mundial.
Las metas del Gobierno en la adopción del catastro multipropósito reflejan que se trata de una política de Estado y lo respaldaremos en el cumplimiento de su ambicioso plan de tener un porcentaje de actualización del 60% para el año 2022 y del 100% para el año 2025. Cabe resaltar que se le debe dar prelación a los municipios que mayores daños han sufrido por la violencia, así como también a la población vulnerable que necesita formalizar sus títulos de propiedad y a los campesinos que requieren planes sostenibles agropecuarios. No será una tarea sencilla, pero es un esfuerzo necesario de todas las entidades nacionales y territoriales.
Nota: A propósito de la conmemoración este 20 de julio del grito de independencia, quiero recordarles a los colombianos que hace 209 años inició nuestra lucha por lograr la libertad y disponer de nuestro territorio. Ahora, cuando inicia la implementación de este nuevo catastro, debemos reflexionar sobre la importancia de darle prioridad al campesinado y a las víctimas de la violencia. Es una deuda histórica que tenemos.
