Es imperdonable que Álvaro Uribe haya sido elegido en 2002 con el mandato del pueblo sobre sus promesas y haya quedado mal en una tan importante: reducir el Congreso a una sola Cámara de representación regional. Como vivimos en una democracia y no hay una versión de este sistema sin poder legislativo, no podemos prescindir de su existencia; pero era y es necesario achicar esa corporación bicorporal que hace tan mal su trabajo y solo significa un desgaste ciclópeo para las arcas del país.
El Congreso de Colombia es una verdadera vergüenza. Pero no lo digo porque haya ahí manzanas podridas que cometen delitos, tráfico de influencias, o abusen de su alta jerarquía política para beneficiarse materialmente; en realidad creo que esos son la minoría. Esta vez la referencia es pertinente por la forma genuflexa, indigna y humillante como el Congreso ha asumido la tarea de legislar a partir de la iniciativa gubernamental para reformar la justicia.
La reforma a la justicia que presentó el ministro Vargas Lleras era moderadamente buena; sus puntos clave eran la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la erradicación de facultades electorales para las altas cortes, la forma de elección del Fiscal General de la Nación, la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y creación de un mecanismo subsidiario, y la competencia para investigar y juzgar con doble instancia a los congresistas y otros funcionarios con fuero especial, además de unas curiosas facultades públicas a abogados en procura de descongestionar expedientes estancados en la paquidermia propia del sistema escrito que se llama Inquisitivo, ha sido nefasto, y sigue coexistiendo con el que busca superarlo.
Hasta ahí todo iba bien, sin duda esos eran los puntos neurálgicos a reformar, pero como aquí siempre estamos inventando, al gobierno se le olvidó la separación de poderes y su autonomía individual y se montó a surfear en una tabla de cristal sobre las olas de un mar que se llama "consenso" y con esa palabrita invitó a las cortes a hablar durante un año de una reforma que a los magistrados y jueces no les interesa, porque así como están, llenos de facultades y poderes exagerados, les parece que están muy bien. Pues bien, ningún consenso salió de ahí. Los voceros de la judicatura limitaron la discusión a exigir más plata, de modo que el gobierno pareció amarrarse los pantalones y radicó la reforma en el Congreso: habría reforma con o sin consenso, según el Ejecutivo...
Pero quién dijo miedo, de inmediato se revitalizaron investigaciones que parecían olvidadas contra congresista y excongresistas, metieron a la cárcel a Nancy Patricia Gutiérrez y a Lucero Cortés, cobraron nuevos ímpetus las indagaciones sobre otros parlamentarios, y el Congreso se orinó en los pantalones, ¡hasta ahí llegó la autonomía! de modo que uno por uno, en un sálvese quien pueda, tete a tete, nuestros congresistas empezaron a hacerle saber a los voceros de los 850 magistrados de la rama judicial que no los tocarían y que en cambio podían ir pasando el menú a ver en qué se les podía complacer. Y empezó a ser servida la mesa...
Ayer se aprobaron, en segundo debate, los jirones que quedan de la buena reforma propuesta por Santos, malsancochada con la cobardía y la mediocridad del Congreso. Desesperados los parlamentarios en no ofender a sus verdugos potenciales, decidieron que el periodo de los 72 magistrados de altas cortes ya no será de ocho años ganando cerca de 22 millones de pesos mensuales con varias primas y régimen pensional privilegiado, sino de 12 años, les dieron cuatro años más. La edad de retiro, pasa a ser de 70 años -solo para los magistrados- el resto de los colombianos si envejece a los 65. El mayestático Consejo de la Judicatura se queda... ¿Cómo no? Si todas las Cortes se aliaron para defender sus puntos de poder, la Constitucional, la Suprema y el Consejo de Estado, por solidaridad, protegieron al Tiranosaurio Rex de 13 cabezas que es el Consejo de la Judicatura. La Comisión de Acusaciones, como puede investigar a los magistrados, esa si desaparece, claro... y la doble instancia de los propios congresistas, ordenada por la Corte Constitucional porque así lo determinan los tratados internacionales suscritos por Colombia, esa, bueno, esa sí fue aceptada, pero caricaturizando esta garantía procesal al crear "salitas" dentro de la Corte Suprema, para que una investigue, otra sea la primera instancia y la Sala Penal juzgue en última instancia; es decir, todo adentro, y seguirá siendo juez y parte, tal como está, para reafirmar su entronización final como la única Corte Suprema del mundo con funciones de investigación e instrucción. ¡Ah! Y seguirán eligiendo, postulando, nombrando, y gastando mucho más, porque se les asigna un fondo de un billón de pesos y una nueva, recalculada porción del 2,5% del presupuesto nacional, que a ellos les parece "tacaña" y exigen que en los siguientes debates pase a ser del cinco por ciento.
Creo que es bueno que vayamos teniendo claro, que esta vez tampoco habrá reforma a la justicia, porque parto de la base que si queda algo de sentido común, el gobierno y el instinto de conservación del propio Congreso, les hará entender que ese bodrio es mejor hundirlo que aprobarlo.
Mientras el Congreso tenga fresco el recuerdo del encarcelamiento masivo que hizo la Sala Penal contra el grueso de la bancada Uribista por razones eminentemente políticas, mientras los parlamentarios tiriten de pánico ante la Corte Suprema, y ésta aproveche la debilidad individual de los integrantes de un poder amilanado y sin solidaridad de cuerpo, mientras la prensa no denuncie los abusos procesales, burocracia de parientes, y privilegios exagerados del poder judicial, mientras el tal Nuevo Derecho inventado sobre sus necesidades dicte jurisprudencias que rebasan la Constitución y sustituyen la ley, mientras aquí no haya valor civil ni dignidad democrática en el poder legislativo, la única forma de hacer una reforma a la justicia que beneficie a Colombia y a los colombianos, en vez de a jueces y magistrados, será una Asamblea Constituyente autónoma y soberana que no pueda ser presa del terror que causa el que la justicia, en vez de ir en rescate del hombre de bien, termine transformada en herramienta política y pueda alzarse selectivamente contra el individuo inocente si no le sirve, como consecuencia de haber desviado su misión en la codicia de poder y la política.
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De otro tema: No la muerte, sino la vida de Cano, al ser analizada, causa una profunda conmoción a quienes creemos que la ignorancia, la falta de oportunidades y educación, son causas objetivas de la violencia. Su muerte también es dolorosa, si pensamos que pudo haber rectificado, dotado como estaba -por su formación- para tomar la senda clara de la democracia. Que haya escogido no hacerlo es frustrante y, patrióticamente, muy triste.
