Me ha sorprendido el contraste con que reaccionan las sociedades ante los desastres y las emergencias. Mientras una parte de la sociedad colombiana asiste sin rubor al Reinado Nacional de la Belleza en medio de cientos de familias pobres que naufragan en medio del invierno en Cartagena, nuestro beisbolista Edgar Rentería gallardo y victorioso a su llegada a Barranquilla, declina los homenajes y solicita más bien atención para los damnificados de la ola invernal.

La indiferencia todavía parece hacer parte de nuestra condición de colombianos.  Y digo “todavía” porque mucho se ha avanzado en una conducta social más solidaria frente a víctimas y damnificados. Ahora, por ejemplo, reconocemos públicamente la magnitud de nuestra crisis humanitaria considerada la más grave del hemisferio occidental y con ello  nos aprestamos a discutir una ley de víctimas; y sin duda, la reacción social y gubernamental a los permanentes desastres naturales sugiere una actitud que supera la tradicional “caridad” pública y privada.

Pero la magnitud de los desastres y tragedias seguirán en aumento pues resulta inevitable la cuenta de cobro que la naturaleza nos pasará por la manera depredadora como nos hemos relacionado con nuestros entornos ambientales. Y con ello, los actuales dispositivos institucionales y el volumen de recursos serán dramáticamente insuficientes para atenderlos. También la solidaridad de la sociedad, si mantenemos esa enorme cuota de indiferencia, será un recurso absolutamente escaso.

Las cifras hablan por sí solas: el Ministerio del Interior a la fecha reporta 1.170.000 personas damnificadas y 549 municipios de 28 departamentos afectados por la actual ola invernal.  Las imágenes de los medios de comunicación nos ofrecen un desolador panorama y nos recuerdan el drama de los más de 25.000 colombianos muertos en la anunciada tragedia de Armero de hace 25 años.

Si esta vez creyéramos que el sistema nacional de atención de emergencias se ha activado oportuna y adecuadamente y que estamos presenciando el “invierno más fuerte de los últimos 50 años”, tendíamos que concluir que la magnitud de las emergencias y desastres naturales han desbordado toda nuestra capacidad de respuesta institucional. O que este asunto merece por lo menos dos reflexiones: por un lado, anticiparse a los acontecimientos y poner en marcha acciones preventivas, es decir, agenda ambiental en serie y en serio; por el otro, darle un estatus central en la agenda gubernativa a la atención de emergencias y desastres. Esto es, más poder institucional, mayores recursos y más amplia convocatoria a la solidaridad ciudadana para superar la indiferencia.

Con razón toma fuerza la hipótesis de que un “buen gobierno” es aquel que despliega una especial destreza para atender los desastres y emergencias. El ejemplo de Edgar Rentería debería convertirse en acción permanente de gobierno como lo enseñó el presidente de Chile en la reciente crisis de los mineros. Y también en lección para los ciudadanos.