El reciente fallo de la Corte Constitucional ha generado gran conmoción en la opinión pública y de nuevo, abre un debate alrededor de la ponderación entre dos derechos fundamentales, a saber: el libre desarrollo de la personalidad y el goce efectivo del espacio público por parte de todos los habitantes. La decisión del Alto Tribunal, cataloga ciertos apartes de los artículos 33 y 140 del actual Código de Policía como inexequibles, y con ello, restringe la acción del cuerpo policial respecto al establecimiento generalizado de multas por consumir bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias psicoactivas en lugares públicos.
Aunque las apreciaciones finales podrán darse luego de que se publique la sentencia completa, intentaré proponer una serie de consideraciones a manera de solución, en las que Bogotá puede ser pionera. Los derechos no son absolutos y las libertades llegan hasta donde empiezan los derechos del otro. Por lo que ninguna persona tiene que soportar el humo de la marihuana y sus efectos, ni los excesos que puede causar un individuo en condición de embriaguez, en especial cuando se trata de la presencia de niños.
Así las cosas, y en congruencia con la competencia constitucional que tienen los mandatarios locales de regular la explotación económica del espacio público, las medidas que se tomen deben ir encaminadas a la regulación y la limitación de los sitios donde se consuman estas sustancias de manera controlada, proporcional y segura.
Por ejemplo, en Japón existe una regulación expresa de los lugares públicos en donde se puede consumir cigarrillo a través de la adecuación y separación de los espacios, donde las personas que libremente deciden fumar, lo hacen cerca a botaderos de colillas; sin afectar necesariamente el ambiente y la tranquilidad de los demás transeúntes. Esto hace que se respeten las decisiones individuales y que el consumo, no se convierta en una desproporción contra el bienestar del otro.
También es verdad que no somos Japón, y que a pesar de que hemos avanzado mucho como sociedad, el consumo de marihuana en parques se ha convertido en un problema relacionado con el microtráfico. En este sentido, sería interesante realizar pruebas de pilotaje en ciudades como Bogotá, para examinar la viabilidad de algunas estrategias de regulación del consumo en espacios específicos.
Dentro de dichas estrategias podríamos encontrar la selección de ciertos lugares públicos para el consumo de las sustancias autorizadas y la evaluación de los efectos que esto tendría en la convivencia ciudadana, con apoyo de la vigilancia de los vecinos, las asociaciones comunales, los líderes locales, y demás actores interesados. Entre otras medidas que eviten la proliferación de conflictos entre los habitantes en torno al uso del espacio público y a la afectación de la armonía en zonas de reunión común, tales como limitaciones espaciales y acompañamiento policial.
Sobra decir que en ningún caso, lo anterior puede sobrepasar los límites de la legalidad en cuanto al consumo de sustancias distintas a las permitidas. Puesto que el objetivo final de la propuesta, es evaluar el comportamiento ciudadano sin que se obstruya la capacidad de la Policía. Las personas estarían obligadas a respetar ciertas normas para que su conducta no vulnere derechos ajenos, tipificadas dentro de posibles Decretos y acompañadas de sanciones sociales.
