La declaración del Presidente Santos, después de la directa sindicación proferida por el Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, es el primer intento honesto para determinar la contrarreforma agraria que libró las Farc en el país. Sin duda, el de Santos, es un paso histórico en la vía correcta para identificar a las Farc como la gran usurpadora de la propiedad rural. Y más aún, para derribar las injustas segregaciones que distinguen entre víctimas de primera y segunda categorías que, como en el caso de los ganaderos, llevaron a estigmatizarlos como victimarios, cuando han sido las principales víctimas.
Bienvenida la avalancha de acontecimientos que acompaña la política de restitución de tierras, pues está llevando a la construcción de escenarios inéditos de la memoria histórica, que parecía imposible en medio del conflicto. Hoy cobran vida, para asombro de los analistas, las denuncias que reiteró Fedegán y que tantas veces subestimaron, sobre las explotaciones en manos de testaferros de las guerrillas en Caquetá, Meta, Arauca, Casanare, Vichada o Huila –para sólo mencionar las más protuberantes– y de rebaños enteros de ganados hurtados, en una perenne trashumancia desde hace medio siglo, que dejaron miles de huérfanos y viudas y quiebras sin par de la mano de los secuestros y las extorsiones.
De esas denuncias, aún recuerdo una visita del presidente de un comité de ganaderos y dirigentes de San Vicente del Caguán a mi despacho. Para mi sorpresa, más allá de sus intenciones de afiliación, terminé al frente de un personaje que identificaron como el “veterinario del Mono Jojoy”. Fue en los albores de mi arribo a Fedegán, con la evocación aún fresca del frustrado atentado con rocket, perpetrado por milicianos de las Farc, contra Jorge Visbal.
Esperamos que la nueva mirada acerque al país a la real magnitud del despojo de las Farc. De lejos el agresor natural, el mayor usurpador y victimario del conflicto armado, por su prolongada existencia y por la extensa geografía que cayó bajo su influjo a sangre y fuego, en una permanente degradación narcoterrorista. Ello sin perjuicio de las décadas de contrainsurgencia del paramilitarismo que estremeció campos y ciudades, con igual o mayor crueldad.
El anhelo, en esta etapa, es abocar un ejercicio de memoria colectiva integral, que además de identificar los crímenes del paramilitarismo haga lo propio con las Farc y el ELN. Sabemos de la enorme batería de insumos que se utilizó para judicializar a los primeros. En tanto que la información contenida en los PC incautados a Reyes, el Mono Jojoy o Cano, sigue siendo objeto de especulaciones. Allí tienen que estar los nombres de sus testaferros y la demarcación ilegal de sus tierras. ¿Son estas las fuentes que guían el buen olfato del presidente Santos?
Nos urge trazar el mapa de la guerra, que ha sido el mismo del narcotráfico, pues los dos se traslapan con el mapa del despojo y de las víctimas. A fin de cuentas paramilitares, bacrim, Farc o ELN, tienen como elemento articulador de su vulgar connivencia: el narcotráfico, fuente principal de financiación y acumulación de su riqueza. La expoliación de la tierra no fue para adquirir un activo productivo, sino como control territorial para instrumentalizar la producción de coca y tender corredores para el narcotráfico.
Necesitamos el retorno de todos los despojados al campo. Y en esta tarea es fundamental que los colombianos tengan claro quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, con la plena identificación de la cartografía de su ignominia. Sin estos insumos la catarsis del pasado será incompleta. En este ejercicio Fedegán y Fundagán estarán al lado de miles de víctimas ganaderas para “Acabar con el olvido”.
