Como era de esperarse, las elecciones legislativas y presidenciales de este año dibujaron un nuevo mapa político y, paradójicamente, lograron lo que hace unos años parecía impensable: santistas y uribistas nuevamente juntos. La oposición uribista se convirtió en la nueva mayoría y muchos de la antigua Unidad Nacional santista, hoy están dispuestos a apoyar al Presidente electo.
Lo perverso es que desde ya esa nueva mayoría –o los que quieren hacer parte de ella–, están actuando como si el nuevo Gobierno hubiese empezado inmediatamente se conocieron los resultados de la segunda vuelta. Pero entonces, ¿dónde quedaron todos esos congresistas que durante seis años apoyaron fervorosamente el proceso de paz? Hoy, a pocas semanas de que termine el mandato de Juan Manuel Santos, y en uno de los momentos más críticos de la implementación de los Acuerdos, brillan por su ausencia.
El ejemplo más claro es el viacrusis en el que se ha convertido el trámite de la reglamentación de la JEP. Desde hace dos semanas el proyecto ha sido aplazado sesión tras sesión, al punto que debimos ser convocados a extras para tomar una decisión al respecto y el presidente electo terminó inmiscuido en el ojo del huracán del debate político por cuenta de su bancada y los que intentan acomodarse a ella. Esa misma bancada que hace un mes dio su visto bueno y voto positivo luego de que sus observaciones y propuestas fueran acogidas por los ponentes.
Lo cierto es que esos que hoy le están dando la espalda al cumplimiento de un mandato constitucional, en unos meses serán el nuevo Gobierno y tendrán bajo su responsabilidad continuar con una política de Estado que ha logrado reducir en más del 97% el número de muertes a causa del conflicto armado interno.
Pero si de responsables se trata, también tenemos que hablar del actual Gobierno. Dejaron perder las mayorías en el Congreso, no se coordinaron los tiempos de la implementación –incluso con el fast track– y después de la firma del acuerdo y la entrega del Nobel, el Ejecutivo fue indiferente ante su compromiso y responsabilidad. Incluso, de las iniciativas que se debían tramitar, unas ni siquiera se presentaron y siete nunca se aprobaron.
Más allá del tema político y los intereses personales, aquí lo importante son las víctimas y cumplir lo pactado con los desmovilizados, y en eso el Estado está fallando nuevamente.
Por un lado, al no sacar adelante con diligencia proyectos como el de la reglamentación de la JEP, están avalando que los exguerrilleros que próximamente ocuparán una curul en el Congreso, lo hagan sin antes haber pasado por un proceso de justicia transicional. Es decir, la nueva mayoría está permitiendo que se haga realidad uno de los argumentos falaces con el que los opositores hicieron campaña por el ‘No’ en el plesbiscito.
Y más grave aún, le están negando a las víctimas su derecho a la verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición; en pocas palabras, se está desconociendo el centro del acuerdo.
En este momento mi esperanza está en que el próximo Gobierno sea capaz de aplicar lo que Iván Duque pregonó en su discurso de victoria del 17 de junio: la unión del país y no hacer trizas los acuerdos; pues lo que hasta ahora –una semana después– ha demostrado su nueva mayoría parlamentaria es que estamos lejos de desarrollar con éxito la política de Estado más importante de la historia reciente del país.
