Aunque la Comisión del Gasto público, creada a través de la más reciente reforma tributaria deberá ocuparse del gasto público del Gobierno central, en sus recomendaciones deberá tener en cuenta que entre las finanzas de la Nación y las finanzas territoriales existe dos vasos comunicantes, que son el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR).
En cuanto al SGP, debemos recordar que después de haber sido establecido por la Constituyente de 1991, tuvo dos reformas. El año anterior llego a su fin el régimen transitorio establecido en el A. L 04 de 2007, sin que el Gobierno nacional ni el Congreso de inmutaran, lo cual se tradujo en que nos retrotrajéramos a lo previsto en el A.L 01 de 2001.
Es decir que los recursos del SGP crecerán a partir de este año teniendo como referencia el crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) en los cuatro años anteriores. El prolongado paro de los maestros tuvo como almendrón precisamente al SGP, que ha visto menguados sus recursos, los cuales tienen como destinación específica la salud, la educación, así como el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico. El paro se levantó con el compromiso por parte del Gobierno Nacional de concertar los términos de lo que será el ajuste hacia el futuro del SGP, lo cual habrá de impactar el gasto público del Gobierno central y por ello deberá estar en el radar de la Comisión del gasto público.
Al respecto debo añadir que, además del déficit fiscal del Gobierno central, que el año pasado fue de 4% y la meta para este año es del 3.6%, existe un déficit oculto. Me refiero al hecho de que en los últimos años se ha venido dando lo que yo he denominado una descentralización disfuncional, consistente en que se le han venido trasladando funciones y competencias que son del resorte del Gobierno central a las entidades territoriales, pero sin recursos para cubrirlas. Y, algo muy importante, el déficit fiscal sigue siendo el talón de Aquiles de la economía Colombiana.
Después de conocer y evaluar las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado el mes pasado por parte del Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, particularmente en lo atinente a la senda del déficit fiscal, la calificadora de riesgo Stándard and Poor´s acaba de poner la perspectiva económica del país en negativo.
Por su parte otra calificadora, en este caso Fitch Ratings, después que le había devuelto la perspectiva estable a la nota del país, merced a la aprobación de la reforma tributaria a finales del año anterior, amenazó con volver a imponerle la perspectiva negativa en su calificación crediticia si no corrige el déficit fiscal, que se resiste a ceder.
A guisa de ejemplo, de las funciones y competencias delegadas a las entidades territoriales por parte de la Nación, pero sin plata, relacionemos los casos más relevantes, a saber: la gestión del riesgo, la puesta en marcha de la Ley de Victimas, gestión ambiental de las cuencas de los ríos, responsabilidad penal adolescente y en general políticas de infancia y adolescencia, atención a desplazados y al adulto mayor, salud (atención a la población no asegurada en el sistema de salud, unificación de planes obligatorios de salud y cubrimiento de pagos no POS de regímenes subsidiado y contributivo), programas de la mujer, delegación minera en la verificación efectiva de las concesiones mineras, conservación del patrimonio cultural y la creación de cuerpos de bomberos.
Pero el caso más patético y que se ha convertido en una bomba de tiempo es el del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Va a llegar el momento en que esa carga de le va a volver insostenible a las entidades territoriales, por el desfinanciamiento de dichos programas y ante la eventualidad de que se puedan paralizar vendrán las presiones de diferente índole y le va a tocar reasumirlos al Gobierno Nacional. Ello, también, deberá ser tenido en cuenta por parte de la Comisión del Gasto Público, máxime cuando las responsabilidades de los departamentos y los municipios serán mayores de cara al postconflicto, pues la paz es territorial, de ello no cabe duda.
Pero, las deliberaciones de la Comisión del Gasto no son óbice para avanzar en el debate y la concertación que nos conduzca al ajuste requerido del SGP. Por el contrario, este es inaplazable y no basta, como lo ha sugerido el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, con reformar la Ley 1176 de 2007, modificatoria de la Ley 715 de 2001, reglamentarias de los A. L 04 de 2007 y 01 de 2001, respectivamente.
El alcance de dicha reforma sería únicamente el de flexibilizar el SGR, cuyos recursos están compartimentados, con el fin de que una vez alcanzadas sus metas en alguna de sus destinaciones específicas, sus excedentes se puedan asignar a las otras. De lo que se trata es de reformar el SGR y así poder barajar para volver a repartir los ingresos públicos entre la Nación y la entidades territoriales, con el propósito de emparejar las cargas.
Bogotá, agosto 5 de 2017
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