Es una realidad que el mundo entero transita por la senda de la transición energética, migrando desde las energías de orígen fósil hacia aquellas fuentes no convencionales de energías renovables y limpias, pero también es cierto que en aquellos países en donde históricamente se ha dependido de aquellas, tienen en los recursos que genera su explotación la fuente de financiación de dicha transición.
Así lo han entendido los Emiratos árabes, que cuentan con las mayores reservas de petróleo del mundo y otros países, como es el caso de Chile, que paulatinamente ha venido diversificando su economía y reduciendo su dependencia con respecto al cobre. Y no hay que olvidar, la transición energética es tecnológica y la manera de avanzar por esta vía es conectando la materia prima con la materia gris, mediante la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
Según la OCDE “la economía de Colombia continúa dependiendo de los recursos naturales y cada vez lo hace en mayor medida...Hace dos años, la producción primaria y la minería representaron un 80% de las exportaciones, diez puntos porcentuales más que en 1991”. De allí que, como lo acota la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, “la recomendación central de la OCDE es categórica, Colombia debe priorizar la agenda de transformación productiva y asignarle recursos a la altura del reto”.
Como es apenas obvio, la transición energética es un proceso gradual, no es dable pensar que se pueda dar como si fuera un salto de garrocha. Conscientes de ello, el mundo y Colombia no es la excepción, han venido tendiendo puentes que sirven de rampa para llegar al objetivo propuesto. En este sentido, Colombia se hizo parte del Acuerdo de París, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 1844 del 14 de julio de 2017 y se comprometió con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del cual fue además su promotor y propulsor, suscritos en 2015.
El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) deja claramente establecidos dos pactos con el sector energético, el primero “por la calidad y eficiencia de servicios públicos para promover la competitividad y el bienestar de todos” y el segundo “por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”. A ello habrá de contribuir el “fortalecimiento de la Comisión para el uso Racional y Eficiente de Energía (URE) y fuentes no convencionales y la inclusión de metas obligatorias de eficiencia energética en el Programa de uso racional y eficiente de energía” incluido en las Bases del Plan.
Al considerar el PND la “energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo”, la Red Nacional de Tecnoparques del SENA que trae el Plan incluye a los biocombustibles entre los sectores a apoyar, junto con las energías verdes, con “proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación”. La emergencia que afrontan en este momento, especialmente, Bogotá y Medellín, que obligó a sus alcaldes a extremar medidas para paliar la contaminación de estas urbes, hacen imperativo reducir las emisiones de GEI de su parque automotor. Y para lograrlo, como se dice en el proyecto del PND, hay que “utilizar eficientemente los recursos, incorporar teconologías vehiculares de cero o bajas emisiones” y, entre estas últimas está la mezcla de los biocombustibles como parte de la solución. Lástima que nada se dice en el proyecto sobre la necesidad de incrementar el porcentaje de las mezclas, toda vez que a mayor porcentaje de mezclas la reducción de las emisiones de GEI es mayor.
La “consolidación de la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz energética” que plantea las Bases del Plan va en la dirección correcta. Como se recordará en el año 2014 fué expedida la Ley 1715 mediante la cual “se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Recientemente se adjudicaron los primeros 1.160 MW de potencia, entre eólicos y solares, dándose así el primer paso en firme para integrar las fuentes no convencionales de generación a la matríz energética.
Es de destacar también la modificación que se propone del artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, ya que a través de este proyecto se está extendiendo el incentivo de la deducción anual de su renta al ejecutor de los proyectos de generación a partir de FNCER el “50% del valor de la inversión realizada” de 5 años que contempla la Ley a 30 años, “como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción y utilización de energía a partir de FNCER, la gestión eficiente de la energía”. Este es un gran apoyo e impulso a las energías renovables y limpias en este país.
Finalmente, nos parece muy atinada la iniciativa que trae las Bases del Plan de integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”. Este es un paso primordial para la consolidación del proceso de transición energética, para que esta se asuma como política de Estado y no como política de gobierno.
