Como un submarino, invisible y silencioso, avanza la estrategia del gobierno para llevar al país a un nuevo proceso de paz. Como en un rompecabezas, las fichas van encajando sin que la opinión pública conozca el diseño final.
La primera fase consiste en reactivar la tesis de que la única salida real para el conflicto es la negociación. Desde el discurso de posesión, el presidente Santos ha venido acariciando el tema alrededor de la figura de la llave que tiene en el bolsillo que abriría el diálogo con la guerrilla. Para ello ha contado con el coro de áulicos encabezados por Piedad Córdoba, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Horacio Serpa, El Espectador, El Tiempo, El Nuevo Siglo, La Silla Vacía, casi todas las emisoras y canales, los programas de opinión, los intelectuales, las ONG, Chávez, Correa, Evo, Dilma, Ollanta, Raúl, Cristina y otros cuyos nombres se me escapan.
El segundo capítulo es el marco jurídico para la paz. Como vamos a negociar con violadores de los derechos humanos y criminales de guerra, hay que ofrecerles impunidad. El marco jurídico para la paz es la ley de los victimarios. Mediante una sofisticada jerga jurídica se propone en la Constitución que una ley definirá “los casos en los que procedería la suspensión de la pena y se autoriza la renuncia a la persecución judicial penal”. Esto, en lenguaje de legos, es garantizar que los que se sometan al proceso de paz no irán a la cárcel. Otros prefieren llamarlo amnistía.
Para que todo esto cuaje, se requiere la benevolencia de las ONG, siempre dispuestas a exigir lo máximo cuando se trata de violadores de los derechos humanos paramilitares pero suaves cuando se trata de violadores de derechos humanos de la guerrilla. Por ello el reversazo del fuero militar luego de las protestas escuchadas en Washington. El nuevo proyecto de fuero es una obra maestra de ilusionismo. En apariencia amplia el marco de protección para los miembros de la fuerza pública pero en realidad, dados los compromisos internacionales firmados por Colombia y que forman parte del bloque de constitucionalidad, los militares no gozarán de mayor seguridad jurídica. Además, como se trata de un acto legislativo que deberá ser reglamentado por una ley estatutaria, estamos hablando de un año adicional de demora, tiempo valioso para seguir recorriendo el camino hacia el diálogo con la guerrilla.
¿Por qué utiliza el gobierno esta estrategia submarina? Esa es una pregunta importante. La razón fundamental es de tipo mediático. Si los colombianos se huelen, así sea de lejos, que volvemos a una estrategia similar a la tragedia del Caguán se opondrían radicalmente. Hay por lo tanto que volver a ambientar la idea de que la paz está al alcance de la mano y que la guerrilla esta vez sí es honesta y transparente en sus intenciones.
La guerra se perdió hace muchos años cuando renunciamos a la victoria militar. El mayor triunfo de la guerrilla es haber convencido a los líderes de opinión en Colombia que la guerra no puede ser ganada. Y como bien decía Richard Nixon, “si no estás listo para hacer la guerra, haz la paz.”
