Emilio Tapia y cartel de la contratación en San Victorino e Invías

Lun, 08/10/2012 - 09:01
Aparecen nuevas  pruebas contra Emilio Tapia, uno de los zares  de la intermediación del cartel de la contratación en Bogotá, que junto con Álvaro Dávila permanece en libertad, y contra quien l
Aparecen nuevas  pruebas contra Emilio Tapia, uno de los zares  de la intermediación del cartel de la contratación en Bogotá, que junto con Álvaro Dávila permanece en libertad, y contra quien la Fiscalía general se ha abstenido de solicitar medida de aseguramiento. En esta ocasión, documentos dan cuenta de la participación en negocios relacionados con la “renovación urbana de San Victorino Centro Comercial Cielos Abiertos” y contratación con recursos procedentes de Invías con siete municipios de Boyacá, Caldas y Cundinamarca.  Según  tales  evidencias, más de $6.000 millones otorgados por Invías mediante convenios  destinados a obras  en La Dorada, Chiquinquirá, Saboyá, Chitaraque, Guasca, Gachetá y La Calera  fueron contratados con Emilio Tapia a través de los respectivos  alcaldes municipales. Estos contratos fueron incumplidos en su mayoría y terminados irregularmente, unos por caducidad y otros liquidados unilateralmente. De esos recursos habrían terminado cerca de mil millones de pesos en la campaña  de Samuel Moreno a la Alcaldía, según  testimonios rendidos, entre otros, por Francisco Marcelo Jiménez y Erasmo Montaña, funcionarios de Cotecol, firma socia de Tapia en dichos contratos.  Incluso, Emilio Tapia se presentó y suscribió directamente con su puño y letra varios documentos relacionados con tales contratos como representante de la firma contratista, Cotecol, donde la mayoría de los ingenieros  residentes eran de su natal Sahagún. Emilio José Tapia Aldana y los contratos de San Victorino Tampoco habrían escapado al cartel de la contratación y a Emilio Tapia el popular San Victorino de Bogotá.  Así lo demuestra  un Acuerdo de Contratación y Confidencialidad suscrito entre Tapia y Manuel Pastrana Sagre, ambos de Sahagún, y éste contratista del Congreso, durante la permanencia de su otro paisano Emilio Otero como Secretario General del Congreso de la República. Tales  irregularidades  que generaron pérdidas directas superiores a los $18.000 millones —que se entregaron y de los cuales el proyecto solo existió en papeles— se dieron cuando  Néstor Eugenio Ramírez, se desempeñaba como director del ERU —después del IDU, y secretario de Salud— y  Manuel Pastrana Sagre, socio de Emilio Tapia e interventor “de bolsillo” preferido en el Congreso de la República durante la era de Emilio Otero, también oriundo de Sahagún, Córdoba. POSDATA En busca de 900.000 armas legales sin paradero y el mercado negro de permisos de porte y tenencia armas: ¿será que el Ejército al fin se atreve? Tras nuestra denuncia de las 900.000 armas legales cuyo paradero es desconocido para las autoridades del Ejército —Indumil y el departamento de Control y Comercio de Armas—, y frente a las  falencias en los sistemas de identificación y seguimiento de las armas legales, se ha podido establecer cómo a la sombra de tales irregularidades que colocan en grave riesgo la seguridad, hay un escabroso mercado clandestino de venta de licencias de porte y tenencia de armas. Se permite así que cientos de armas parezcan estar legalmente amparadas, simplemente con un salvoconducto falso que ni siquiera la autoridad de policía  pueda determinar si es original o no. No hay forma de saberlo. Muchas pasan en las requisas del propio Ejército por legales, pero no lo son,  y no hay prácticamente forma alguna de comprobarlo.  Auditoría General y Contraloría General: por regla general… ni juntos ni revueltos Hace  bien la Auditoria General de la República en no trasladarse a la lujosa sede que la Contralora como lisonja le tomó en arriendo por varios miles de millones de pesos en el centro comercial Gran Estación, pareciendo querer neutralizar al órgano de vigilancia fiscal de aquella. Lo cierto: la Auditoria deberá investigar a la Contralora por el cambio de sede, nombramientos sin el lleno de los requisitos… La auditoria no puede ser juez y parte. Mientras tanto ¿será que la Contraloría nos puede explicar si fue un arriendo o subarriendo? Si no, nosotros les informaremos la mismísima semana entrante… www.redver.org reddeveeduriasdecolombia@gmail.com @pablobustossanc
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