En defensa de Samuel Moreno

10 de mayo del 2011

Hacer algo de claridad, aclaraciones, es el propósito de esta columna.

El documento del Procurador sobre el alcalde Samuel Moreno, contiene dos decisiones independientes y de naturaleza diferente. La una, la suspensión temporal del funcionario; la otra un pliego de cargos.

La suspensión cautelar es medida previa a un proceso, para que un eventual indiciado no pueda interferir la investigación; es este caso, sin detención, ni destitución, y sin ser sanción. Diferente es cuando es sanción porque al final de un disciplinario se encuentra al sindicado culpable de  lo acusado -no es el caso de Samuel Moreno-.

El Procurador no se ciñó a que su decisión debe basarse en antecedentes concretos, la motivó en un supuesto peligro, que las licitaciones pendientes se manejen irregularmente.

Aunque producir las dos decisiones conjuntamente no es prohibido, eso confunde a la opinión que asume que la suspensión es consecuencia de los cargos. Tampoco está definido el momento de tomarse las decisiones; pero hacerlo cuando otros funcionarios y el hermano están indagados por corrupción induce a creer que la acusación es por los mismos hechos.

Quienes tratan periodísticamente el tema caen –y hacen caer- en esos errores. Pero el Procurador sabe exactamente las consecuencias de tomar tales medidas en tal momento y en tal forma, luego lo hace con la intención de producir ese efecto.

La acusación es no haber tomado medidas correctivas en el momento del  incumplimiento de las obras. No hay cargo por las contrataciones porque las hizo su antecesor. Argumenta el Procurador que al faltar control puede que las licitaciones pendientes no se manejen correctamente, o sea un riesgo de ‘posible ineptitud’, inexistente como concepto jurídico, e imposible de aplicar cuando las licitaciones las adjudicarán unos órganos independientes, con atribuciones y responsabilidades propias.

Puede que el Procurador no esté saliéndose del marco legal (lo ‘doloso’ también distorsiona pues no tiene igual connotación en lo disciplinario que en lo penal); lo que sí es evidente es que está jugándole al ‘Estado de Opinión’.

A Samuel Moreno se le ha creado una imagen no acorde con su gestión.

La institucionalidad -auditoría y defensoría- y la prensa, le reconocen eficiencia y resultados exitosos en educación, salud, vivienda popular, y empleo -lo ‘social’-, pero no visualizan esos logros, y solo tienen relevancia los ‘lunares’ de la movilidad y la corrupción.

Inicialmente el traumatismo en el tráfico atribuido a demasiados frentes de trabajo simultáneos ignoró que el problema nacía del abandono del tema en mandatos anteriores: que se recuerde la última atención a la malla vial fue de la administración Pastrana Arango con una firma mexicana que terminó en declaratoria de incumplimiento. La gestión de Jaime Castro –por su formación más enfocado a ordenar el manejo de la ciudad- se concentró en sanear las finanzas y expedir el estatuto orgánico. La primera alcaldía de Mockus, además del abandono del cargo se redujo a no gastar ni tomar ninguna decisión bajo la idea de que así evitaba el despilfarro, política que aplicó al tema vial; Peñalosa, con tres veces el presupuesto ordinario -el no usado por su antecesor, el propio, y el de la venta de la ETB- se orientó al transporte masivo y público, copiando el Trasmilenio de Curitiba, Brasil, (entonces 600.000 habitantes), sistema apropiado para ciudades intermedias pero que perjudicó a Bogotá: las lozas siendo lo más conocido es lo menos grave; como programa fracasó puesto que pasados  diez años no se ha logrado terminar; la no chatarrización impuso el tráfico pesado por calles no adecuadas para ello, acabándolas; pero sobre todo impidió la construcción del Metro, sistema lógico para una urbe como Bogotá (y que toda ciudad de población similar tiene); eso sin hablar del usufructo del espacio público por particulares, o el costo del subsidio para mantenerles la infraestructura. De la segunda administración Mockus poco se sabe, pero sí que al respecto nada hizo. Y Lucho atendió la alimentación y la educación pero no tocó las vías. En contraste, en los últimos diez años el primer rubro de crecimiento del país ha sido la venta de automotores (en 2010 aumentó ¡38 por ciento!) cuando para Bogotá no ha cambiado el espacio donde circulan. Diciente es que los noticieros y la inconformidad de los ciudadanos se manifiesten contra el estado de las calles no intervenidas, a pesar del número de obras que simultáneamente se trabajan.

Pero ese argumento se desgastó, y lo previsto es que, aunque con retrasos, las obras se entregarían al final del mandato; por eso el caso Nule, tomó el relevo, convergiendo intereses políticos, ambiciones personales y obsesiones moralistas en los ataques al Alcalde.

Interés político de acabar con el Polo por todos los otros partidos y los sectores del establecimiento que temen cualquier cambio en el statu quo (por supuesto y ante todo, los medios). Ambiciones personales como Petro quien iguala sus inmensas capacidades y habilidades solo con su ambición de poder y su desagradable naturaleza, y hace ahora denuncias que no hizo cuando con ese respaldo buscaba legitimidad para su candidatura (¿no tendría entonces información sobre lo que hoy divulga?). Es una ironía que la Administración Moreno no firmó ni el dos por ciento de los contratos con los Nule (los de Bogotá fueron suscritos por Lucho y los demás corresponden a entidades nacionales y territoriales ajenas al Distrito), y sin embargo de los otros nada se sabe, y que la acusación del Procurador se base en la queja de los Nule por suspenderles un contrato, supuestamente porque la sustitución mejoró las condiciones iniciales, como si fuera posible contratar por el mismo valor sin tener en cuenta mayores costos por demoras y perjuicios ya causados.

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