No requiere ser abogado para concluir y afirmar sobre las desproporcionadas, poco ejemplarizantes y nada resocializadoras decisiones judiciales que por estos días mueven a la opinión pública. Otra vez nos preguntamos, ¿dónde está la eficacia de la justicia?
Pues bien, no caeré en el error común de prejuzgar conductas que a juicio de pocos o algunos, si son delitos o no, si sus conductas se adecuan a derecho o no, dado que a simple vista resaltan convicciones políticas, jurídicas y por otro lado están los hechos notorios, públicos y trascendentes que afectan el cotidiano vivir de los ciudadanos.
¿Dónde está el quid del asunto? Los juristas y el mundo del derecho desde la perspectiva penal, lo plantean en la antijuridicidad de la conducta, en un contexto más aterrizado como aquel daño que soportó alguien en particular o en el colectivo social, en un bien jurídicamente tutelado o en la irrupción del control social injustamente por la voluntad de un agente.
Partiendo de lo anterior quiero que hagamos el ejercicio de reflexionar sobre el daño colectivo que soportamos los bogotanos por la corrupción de la administración del alcalde Samuel Moreno, no solo por los cientos de miles de millones que terminaron en manos de particulares teniendo como fuente los contratos que pretendían modernizar la infraestructura de Bogotá, sin mencionar el que se ha llamado aún más grave “carrusel de la salud”. El daño social no solo lo soportamos quienes tenemos que padecer trancones por largas horas en buses, taxis y carros particulares, las inclemencias de los infinitos huecos de la malla vial, que no se compadece con lo que recibe el Distrito vía impuestos, también está el daño en el consciente colectivo, en el estricto sentido del mensaje que claramente la justicia manda a los ciudadanos que delinquir paga, y hacer las cosas bien no.
Por otro lado, examinando el daño social de la que presumimos recta y eficaz labor de los organismos de seguridad en temas de seguridad nacional, defensa e inteligencia, todo esto y aquello, como lo queramos llamar, siempre y cuando sea el Estado quien lo haga para proteger la estabilidad económica, política y social. O el normal y eficaz funcionamiento del Estado en cabeza de un gobierno, elegido democráticamente, el cual designa sus funcionarios para ejecutar sus políticas públicas, funcionarios tales que por obvias razones deben creer en las políticas públicas que tiene como sustento en el poder al gobierno legítimamente electo.
Por tales razones hoy muchos nos sorprendemos y hacemos una invocación a la cordura de los organismos judiciales llamados a administrar justicia, resulta inocuo, vulgar y rocambolesco encontrar condenas a “corruptazos” como los Nule, con condenas irrisorias, una burla completa a toda la sociedad y a los que aportamos tributos en Bogotá, a los “empresarios” igual o peor de corruptos como Julio Gómez y Emilio Tapia, a quienes no les llega la justicia pese a lo ladrones que fueron con nuestros impuestos, asimismo los concejales de Bogotá “corruptos” que siguen elegidos y a los que tampoco los toca la justicia, sabiendo que están tanto o más embadurnados que los Nule y Moreno en la corrupción de Bogotá. ¿Así las cosas podemos hablar de recta y eficaz impartición de justicia?
No creo y máxime cuando se persigue por presuntos y recalco presuntos, hechos que son perseguidos más por sed de venganza política, que por recta impartición de justicia, como lo son los funcionarios del gobierno Uribe, como Bernardo Moreno, Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, y todo aquel que hubiese trabajado en el gobierno anterior.
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