Explosión en la Estrada: Más preguntas que respuestas

23 de mayo del 2019

Opinión de Diego Molano

Explosión en la Estrada: Más preguntas que respuestas

Antes de entrar en materia, es pertinente hacer una alusión a la noción de Estado, puesto que es común escuchar a los ciudadanos hablar de ello como una figura distante, externa de sus vidas cotidianas y es aquí donde hay una primera percepción errónea. Para que exista un Estado son imprescindible tres elementos: La población, el territorio donde se asienta y un Gobierno legitimado para el ejercicio de sus facultades. Es decir, todos los ciudadanos somos parte del Estado colombiano y para que éste opere de manera eficiente, se requiere el concurso, colaboración e interacción de la población y del Gobierno y es aquí donde estamos fallando como Estado. Una muestra más de esa situación la pudimos evidenciar el pasado viernes 10 de mayo, cuando por los diferentes medios de comunicación vimos cómo una gran explosión dejó, prácticamente en ruinas, una casa de tres pisos. El desenlace, aunque fatídico, pudo ser peor; cuatro personas fallecieron y 26 más resultaron heridas, entre ellas ocho menores que se encontraban estudiando en el Colegio Néstor Forero Alcalá y donde al momento de la explosión se encontraban allí 231 menores; la tragedia definitivamente pudo haberse convertido en una horrorosa catástrofe, de no ser por un furgón que pasaba por allí y que absorbió la onda explosiva.

Para entender este absurdo accidente, nos surgen una serie de preguntas:

¿Cómo es posible que desde hace más de 14 años un establecimiento donde se fabricaban mechas de tejo con productos químicos tan peligrosos, funcionara en una zona residencial, frente a un colegio, cuando, según el decreto 360 de 2018, están prohibidas estas actividades en un radio de 100 metros de colegios, jardines infantiles u hospitales?

Si la actividad económica del establecimiento era la venta de artículos domésticos ¿por qué razón realizaba otras actividades, que además no se encuentran permitidas de acuerdo al uso del suelo de ese sector? ¿Qué pasó con las funciones de inspección, vigilancia y control de la Policía y de la Alcaldía Local? ¿Qué sucede con las inspecciones y certificaciones de seguridad de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo oficial de Bomberos, que deben detectar estos riesgos y negar el respectivo concepto técnico?

Se pudo establecer que se fabricaban mechas con fósforo blanco, el cual inclusive se considera un arma química prohibida a nivel internacional incluyendo a Colombia que no permite su fabricación, manipulación o comercialización entre otras por la Ley 670 de 2001. ¿Por qué razón en el predio se fabricaban mechas de tejo, con este peligroso componente? ¿Cómo es posible que en el lugar se almacenaran más de 50 kilogramos? ¿Por qué razón el departamento de Control de Armas del Ministerio de Defensa no tenía información sobre esta actividad en el predio y por qué, la persona que se encontraba manipulando este químico no estaba registrado en la base de datos? ¿Cómo adquirió estos peligrosos químicos?

Si la gran mayoría de los vecinos del establecimiento, conocían la actividad que allí se desarrollaba ¿por qué razón no hay una sola llamada, una sola denuncia que hubiese podido evitar esta tragedia?

Podemos seguir planteándonos mil preguntas más cómo estás, y si solo, una hubiese tenido una respuesta adecuada a tiempo, la tragedia no habría ocurrido.
La capacidad institucional de las autoridades locales en Bogotá, hace mucho tiempo llegó a su límite; por ejemplo, la Alcaldía Local de Engativá, que con una población similar a la de Barranquilla, debe cumplir funciones de control a establecimientos comerciales, pavimentar las vías locales y arreglar los parques entre otras 200 funciones con un presupuesto de 117 mil millones de pesos, (Barranquilla cuenta con más de 3.3 billones anuales) o las Inspecciones de Policía de Bogotá, que, según la Personería, hace un año tenían más de 116 mil casos pendientes por resolver , entre ellos muchos relacionados con incumplimientos a la normatividad por parte de los establecimientos de comercio.

Similar situación ocurre con el Cuerpo Oficial de Bomberos, que, a raíz de la expedición del nuevo código de Policía, ha pasado de 20 mil solicitudes de inspección en 2016 a 37 mil solicitudes en 2018. Según esta entidad ejecutó 29 mil principalmente a establecimientos cuyo riesgo estuvieron clasificados en alto y medio, este no era el caso del establecimiento “Tejos y Bocines el Diamante”, que como lo mencione anteriormente, registró, como actividad económica, “comercio de artículos domésticos”, actividad que tiene un nivel de riesgo “bajo”.
Por ello el peligro latente que generaba ese establecimiento no fue detectado por las autoridades que también están obligadas a vigilar y a controlar los establecimientos informales. Aquí vale la pena resaltar que la UPZ las ferias en la que se encontraba el establecimiento comercial, fue clasificada hace un año por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el “Análisis de Informalidad Empresarial en Bogotá”, como una de las 20 UPZ con mayor indicador de informalidad de la Capital, lo que exige un mayor control y desgaste por parte de la administración distrital.

Ante los limitados recursos para hacer un control efectivo a todos los establecimientos comerciales que puedan generar un riesgo a la sociedad, es necesario el concurso de todo el Estado; en especial de la ciudadanía en su función de autorregulación vigilancia y control, denunciando cualquier situación que representa un peligro o inclusive que vaya en desmedro de lo público ante las autoridades. En este caso una sola llamada al 123, a la estación de Bomberos, a la Alcaldía Local o inclusive informando a un patrullero de la Policía, se hubiese podido hacer la diferencia y evitar esta tragedia. La capacidad de autorregulación social debe ser más activa.
Teniendo en cuenta todo este análisis, aprovecho para manifestar que resulta imperiosa una restructuración de las localidades de Bogotá, pues tenemos la misma estructura desde 1986 cuando la población de la Capital no superaba los 4.5 millones, esto hace que tengamos localidades como la Candelaria con 22.243 habitantes y otras como Suba con 1.315.509 habitantes; esto quiere decir que hay unas alcaldías locales completamente desbordadas para atender, de manera efectiva, las necesidades de sus habitantes y las funciones que les competen. Por ello necesitamos localidades de máximo 400mil habitantes que estén en capacidad de dar solución de manera efectiva a las problemáticas de los ciudadanos, controlar y hacer cumplir las normas vigentes sobre desarrollo urbano y uso del suelo, expedir o negar los permisos de funcionamiento y velar por la protección del espacio público.

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