No hablo de erotismo, pero me sirve el símil. Una elección es el “clímax” de una democracia. Es el momento culmen de participación política de los ciudadanos que les permite elegir sus gobernantes y sus representantes en cuerpos colegiados. O decidir sobre asuntos cruciales de la vida en sociedad, cuando se trata de un plebiscito o un referéndum. Es el instante en el que una sociedad construye mayorías y minorías políticas. Y luego, la otra gran prueba democrática está en el reconocimiento de esas mayorías. Y sobre todo, en el respeto pleno que los ganadores le quedan debiendo a las minorías.
Las elecciones locales que acaban de suceder nos ofrecen un nuevo mapa político de mayorías y minorías. Tanto en cada municipio o departamento, como en la geografía política nacional. También nos revelan los enormes desafíos de los nuevos gobiernos territoriales y de la institucionalidad política local. En concurrencia, claro está, con el Gobierno Nacional.
Superar la presencia de mafias de todo tipo en la vida pública resulta una tarea tan prioritaria como difícil. Los contratistas corruptos y el paramilitarismo reciclado en las bacrim merodearon las elecciones que acaban de suceder en un porcentaje importante de municipios y departamentos. Así lo denunciaron tanto la Misión de Observación Electoral como la Corporación Nuevo Arco Iris. Y ello puede constituir un trauma de nacimiento para la gobernabilidad territorial. Y el “cartel de la contratación” de Bogotá nos demuestra que ello no es una realidad exclusiva de municipios y regiones apartadas.
Los nuevos gobiernos locales y sus corporaciones públicas no podrán tampoco evadir su papel en la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Asunto de prioridad en la agenda del gobierno nacional. Y condición imprescindible para atacar las raíces de nuestras violencias cruzadas y avanzar al postconflicto. Y una enorme posibilidad para la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Pero de nuevo las mafias y las estructuras criminales serán un dique de contención al compromiso de los nuevos Alcaldes y Gobernadores con los plenos derechos de las víctimas.
Por supuesto que convertir los gobiernos territoriales en un eslabón fundamental de un proyecto de reconciliación nacional, no los exime de su responsabilidad en asegurar la convivencia y el bienestar de sus ciudadanos. Y para ello deben proteger y ejecutar eficazmente los recursos públicos. Y ejercer cotidianamente la democracia, ese seductor y complejo juego de mayorías y minorías. Solo que ahora, las agendas locales tienen en la atención de las víctimas y la restitución de las tierras usurpadas violentamente un punto de encuentro con las urgencias del país.
Si lo quieren, los gobernantes pueden asumir estas apuestas de la mano del gobierno nacional. Y de la comunidad internacional que está acá precisamente por las víctimas del conflicto. Y de las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los derechos humanos y la limpieza de nuestra democracia. Y hasta de las directivas nacionales de buena parte de los partidos políticos que en esta coyuntura fueron más cuidadosos en la expedición de avales y prometen un mayor compromiso para enfrentar las mafias.
