La fiscal general de la Nación Viviane Morales, con su decisión de casarse después de electa con un quien hubiera sido condenado en el pasado, Carlos Alonso Lucio, sienta un ejemplo de inmoralidad y desprecio por el respeto de la ley penal. Por lo que este hecho en sí mismo por la dignidad que encarna la posición que ejerce, debería optar por separarse de Lucio, o por razones de integridad pública, dimitir.
Estamos seguros que de haberse celebrado tal matrimonio antes de su elección, o de haberse hecho pública tal relación sentimental en su momento, ni la Corte Suprema hubiera elegido, ni el país permitido la designación de Viviane Morales como Fiscal General. Mas aún, creemos que esta relación se mantuvo oculta para fraguar la elección. Desafortunamente, la Corte Suprema de Justicia en su afán – válido- de generarle un contrapeso –también entendible- a la mordaza Uribista cometió uno de los errores más grandes al elegir a una exparlamentaria liberal archisamperista, Viviane Morales, como Fiscal General de la Nación, e ingenuamente haber pasado por alto que detrás y quizás por encima de ella, por desgracia para el país y para ella misma, habría un tenebroso “Fiscal General en la Sombra”, su dos veces esposo Carlos Alonso Lucio.
Inhabilidad moral sobreviniente
La Corte Suprema debería solicitarle formalmente explicaciones a la Fiscal por los contenidos éticos y los alcances de su relación para su postulación y elección, y el Congreso debería adelantar un debate de control político sobre tal conducta lesiva a la ética pública a la que se debe la cabeza del ente de investigación y acusación penal colombiano, Viviane Morales. El país merece saber si tal relación –matrimonial o de convivencia- preexistió a la postulación de la Fiscal, y si fue ocultada deliberadamente para facilitar dicha elección.
Carlos Alonso Lucio, en la desmovilización del autodenominado grupo insurgente M-19, fue calificado como un gran oportunista, llegó al Congreso de la República, y allí muy pronto ofició –a nombre de la lucha antiimperialista- no solo se hincó ante el gobierno de turno, sino que se convirtió en el general del ejército político a cargo de la defensa del presidente Ernesto Samper en el proceso 8.000 –generado por presencia de dineros de narcotráfico en su campaña presidencial-, y como pago habría recibido Foncolpuertos –entidad donde se había jubilado su propio padre como asesor jurídico- y donde se cocinó el escándalo de corrupción más grande de la historia del país -donde se sustrajeron cerca de dos billones de pesos de la década del 90-. Lucio, y la senadora Martha Catalina Daniels, manejaron a través del condenado esposo de esta, Francisco Rodríguez, dicha entidad, como pago por sus servicios al expresidente Samper, el mismo que acaba de perder la dirección del Partido Liberal Colombiano.
La entonces senadora Viviane Morales, y para entonces pareja sentimental de Carlos Alonso Lucio, le dio la estocada final al proceso 8.000 con una tutela contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por haber iniciado un proceso por prevaricato contra los 111 parlamentarios que absolvieron al presidente Samper, con base en denuncia que personalmente suscribí como resultado del seguimiento a dicha investigación.
Lucio fue condenado, se fugó a la Habana, a su regreso pretendiendo mediar a favor del ELN y luego de las autodefensas, fue privado de la libertad por la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia, por el menor de los delitos por el que se le investigaba, y cuyo acompañamiento directo hicimos en su momento. Preso en la Picota, pide un permiso para casarse en la iglesia del experiodista Dario Silva, Casa sobre Roca, con Viviane Morales. Extrañamente, los cargos por enriquecimiento ilícito entre otros no prosperaron, sin embargo hoy Carlos Alonso Lucio, según sus coterráneos, es inexplicablemente uno de los hacendados más acaudalados de Florida, Valle.
Lo anterior para no hablar de los cuestionados debates de Carlos Alonso Lucio sobre el tema de un dudoso negociado de armas al Estado colombiano en el mal llamado “debate de los Galil”, ni de las salidas y retornos clandestinos del país por las rutas de los contrabandistas de armas, a efecto de evitar que se hiciera efectiva la orden captura en su contra; esto es cuando el mismo se hallaba prófugo de la justicia colombiana, y cuya entrega a las autoridades se efectuó por las autodefensas.
En pocas palabras estamos frente a una Fiscal General, cuyo dos veces esposo, Carlos Alonso Lucio, fue condenado por la misma Corte Suprema que la eligió, y a quien se le endilgan vínculos con los propios Nule, entre otros.
En este escenario cabe preguntarse si es Carlos Alonso Lucio el Fiscal General de la Nación, esto es, por quien pasen las más importantes decisiones sobre la justicia en Colombia, explicando las inconsistencias de esa trascendental instancia de investigación judicial, como el freno en seco que se le está poniendo al carrusel de la contratación respecto de las responsabilidades de altos servidores públicos del gobierno Uribe, entre otros.
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