Las obras del denominado “transmilenio ligero” por la carrera séptima, debe tener con insomnio al Alcalde Moreno. También su Secretario de Movilidad y el director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez deben andar trasnochados por la misma razón. Y eso que la obra, por fortuna, aún no se inicia.

Sucede que, por alguna extraña razón, el Alcalde decidió contradecir su propia promesa de campaña de no tocar “la calle real” como él mismo la bautizó. Sin ningún rubor anunció en octubre del 2009 la construcción del Transmilenio por la séptima y todos pensamos que utilizaría los diseños hechos por la administración Garzón, que le costaron a la ciudad cerca de 10 mil millones de pesos.

Por motivos no conocidos, se inventó la caricatura de la “troncal ligera”. Ligera porque reduce su extensión hasta la calle 72; porque no cuenta con sobrepasos para aumentar la velocidad de los buses articulados; porque elimina el componente de renovación urbana tan necesario en una vía en franco deterioro; porque no tiene previsto la recuperación de espacio público y las ciclorutas; y, claro, ligera porque su costo se disminuye a 85 mil millones de pesos, mientras que la troncal original costaría 600 mil millones de pesos.

Extraño que se esfumen mágicamente 10 mil pasajeros hora/sentido en los cálculos del IDU. En el 2006 los estudios identificaron una demanda de 20.000 pasajeros hora/sentido, mientras que se contrata una obra que sólo atiende la mitad de dicha demanda. Extraño que se olvide la necesaria integración de la carrera séptima y la décima, porque no sabemos que van a hacer con los 20 mil de las 30 mil personas que quedan cada hora literalmente tiradas a la altura de la calle 32.

Pero lo más extraño fue el proceso contractual. Sendos memorandos del IDU, fechados en febrero y marzo del 2010, dan cuenta de una solicitud a las firmas o consorcios que ejecutan actualmente polémicos y millonarios contratos con dicha entidad para que presentaran ofertas de obras dirigidas a la construcción de una troncal en la séptima. Todo indica que el IDU pretendía, saltándose las normas de contratación, adicionar estos contratos a uno de los dos consorcios mencionados. Sucedió que, ante la presión de la Procuraduría, el IDU realizó una licitación a la que concurrieron tres proponentes: dos de los cuales eran precisamente  los consorcios seleccionados para la adición, resultando uno de ellos ganador.

Esta “adición”, disfrazada de licitación, se contrató en septiembre de 2010, desoyendo a expertos, ciudadanía y formadores de opinión que le pidieron a la administración no hacerlo. Luego nos enteramos que las obras no se han iniciado porque el contrato se adjudicó sin plan de tráfico y sin diseños aprobados de acueducto y alcantarillado. Lo grave es que, al adjudicar, se generó un “derecho adquirido” a favor del contratista y en detrimento del patrimonio de la ciudad.

No quiero creer que adicionar un contrato haya sido la razón de semejante chambonada. Y esa chambonada le quita el sueño a cualquiera.