La cirugía que no fue

El Presidente Santos prometió una profunda cirugía a las Corporaciones Autónomas Regionales que corre el riego de terminar en una simple operación cosmética. La tan cacareada eliminación y reestructuración de este importante eslabón del sistema nacional ambiental capturado por la politiquería, el clientelismo y la corrupción terminó en unas cuantas decisiones insuficientes e inofensivas. El decreto del Gobierno Nacional expedido el pasado viernes está lleno de miedos. Ordenó las fusiones de las corporaciones del Atlántico y del Canal del Dique; y de Corpomojana, Carsucre y la del Sur de Bolivar, pero frenó la reorganización de todas las Corporaciones Autónomas con arreglo a las cuencas hidrográficas como lo recomiendan los expertos y como lo indica el espíritu de la Constitución del 91. Establece la postulación, por parte del Presidente de la República de candidatos a la dirección de estas entidades o el nombramiento de directores encargados, pero nada avanza en la reestructuración de las juntas directivas ni en los criterios para su composición que es donde opera la captura clientelar de estas. Hay otros problemas que las decisiones del gobierno no resuelven. La debilidad para el ejercicio de la autoridad en materia ambiental se mantiene. Y ello se complejiza cuando estas corporaciones al mismo tiempo cumplen roles de ejecutores de obras públicas en su mayoría ausentes de una adecuada vigilancia y control, lo que las hace vulnerables a contratistas y funcionarios corruptos. Con ello se generan nuevos impases con la asignación de funciones en materia de atención de emergencias, asunto que es competencia de la Dirección respectiva adscrita al Ministerio del Interior. Para citar solo uno, elocuente es el caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La CAR suscribió con el Distrito Capital el convenio 171 de 2007 para “aunar esfuerzos en el saneamiento del Rio Bogotá”, en virtud del cual Bogotá le transfiere  el 7.5% del impuesto predial recaudado con destino a la ejecución de las obras hidráulicas del Rio. A la Fecha, la CAR tiene 210 mil millones de pesos provenientes del Distrito que si se hubiesen invertido oportuna y eficientemente habrían evitado la inundación reciente del vecino municipio de Mosquera. Si a ello le agregamos las licencias otorgadas o las ausencias de control que afectan la estructura ecológica principal de la Capital y su entorno regional, la situación es verdaderamente patética. Y lo más grave es que se confunde autonomía con autismo institucional pues la CAR no le responde a nadie. No se trata de pedirle al Presidente Santos que viole la Constitución para atender la urgente necesidad de reformar las Corporaciones Autónomas. Tampoco hay que aplaudir un decreto que deja todo casi igual, cuando esperábamos mucho más. Aún el gobierno nacional tiene los recursos de legitimidad para hacer un cambio extremo en el mapa de la institucionalidad ambiental sin desbordar la Constitución. Quizás la resurrección del Ministerio del Medio Ambiente sea otra nueva oportunidad y con ello más bien hacemos realidad esa dimensión ambiental que nos dejaron los constituyentes del 91.