Las decisiones judiciales deben ser acatadas en su integridad y controvertidas jurídicamente a través de los recursos que la misma ley ha señalado para tales efectos. Ese es un pilar fundamental de la democracia, sin duda. Lo anterior no es óbice para que, en ejercicio del derecho a opinar (tan protegido por nuestra legislación y los tratados internacionales como lo está la obligación de respetar los fallos, sus efectos y la fuerza vinculante de los mismos), la ciudadanía pueda pronunciarse, en uso de una prerrogativa legítima que emana de la condición de constituyentes primarios que tenemos cada uno de los colombianos. En otras palabras, quien detenta el verdadero poder es el pueblo y por ello puede y debe manifestarse.

Hecha esta aclaración hay que decir que la providencia de la Corte Constitucional en la cual se ordena al Estado colombiano devolver a una comunidad indígena del Guaviare seis hectáreas en las que operaba una base militar es una aberración que se suma a otras equivocaciones y afrentas inaceptables que ha padecido la tropa y que calan tan profundo que desmoralizan el alma de nuestros soldados. Asegurar que: “la presencia militar fijó límites para la movilidad de las comunidades y el hecho de transitar de un lugar a otro se convirtió en motivo de señalamientos y amenazas al ser acusados de informantes por uno u otro grupo armado” no es otra cosa que medir con el mismo rasero a los narcoterroristas de las Farc y a las fuerzas del orden legalmente constituidas.

Cuando la Corte Constitucional señala en el mismo fallo que: “estas comunidades se han visto terriblemente afectadas por el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y, en consecuencia despojadas del territorio propio”, cualquier extranjero que visita el país podría pensar que la Fuerza Pública aplica los mismos métodos bárbaros e inhumanos de las Farc, que son cómplices de la guerrilla y que en Colombia los resguardos indígenas no son parte del territorio nacional. Técnicamente estamos frente a la cesión de la soberanía en un área interna de la Nación, a expensas de una legislación diseñada para proteger a una minoría étnica, pero no para disminuir la capacidad de gobernabilidad y cohesión social.

Los indígenas son colombianos, y los problemas del país también son de ellos; el conflicto armado no es con otros países, y, por lo tanto, carece de validez presentarlos como las únicas víctimas, porque la verdad es que todos, de una u otra forma, hemos sufrido las inclemencias de esta guerra atroz que vivimos desde hace más de cincuenta años.

Da grima ver cómo la Corte Constitucional se ha arrogado un poder omnímodo, haciendo interpretaciones sesgadas, que tuercen el espíritu de la Carta Política, disolviendo la unidad nacional, poniendo así en peligro la unidad territorial de la República.

En otras ocasiones la Corte, sin que nadie se atreva a impedirlo, se ha vuelto ordenadora del gasto, ha generado inseguridad jurídica, ha desconocido olímpicamente su ámbito de competencias al volverse legislador, coadministradora y constituyente secundario por encima del Congreso.

La Corte Constitucional está desbordada y obnubilada por las mieles del poder. Puede que lo que un día fue una gran ilusión termine como la peor de todas las pesadillas.

Lo que no lograron, ni lograrán las Farc por las armas, lo están consiguiendo a punta de decisiones judiciales.

La ñapa I: ¿Acaso ninguna autoridad va a investigar la ilegal injerencia del Ministro de Comercio en la elección de la Junta de la Cámara de Comercio de Barranquilla?

La ñapa II: No se puede ser a la vez Servidor Público y negociante. El Ministro de Transporte debe renunciar.

La ñapa III: El proceso de selección del nuevo Director de la CVS en Córdoba, debe ser revisado con lupa por el Gobierno y los Organismos de Control. Lo que está ocurriendo es escabroso.

abdelaespriella@lawyersenterprise.com