La encrucijada en la negociación con las Farc

En días pasados se conoció que el Presidente Santos preguntó a los partidos políticos que conforman la mesa de la Unidad Nacional, su opinión acerca de si el proceso con las FARC debía (i) terminarse ante la falta de avance en las negociaciones, (ii) continuar o (iii) suspenderse durante la campaña presidencial.

La formulación de una pregunta de esta naturaleza no deja de sorprender por cuanto fue el gobierno –sin previo acuerdo con los partidos- quien convino con las FARC adelantar un proceso de negociación con una agenda aparentemente definida y es el Gobierno quien cuenta con toda la información necesaria para poder tomar decisiones. ¿Si no preguntó antes, por qué habría de hacerlo ahora? Parecería que el Gobierno no tiene claro el camino a seguir y busca respaldo, aun cuando es de suponer que la comisión negociadora del Gobierno formuló al Presidente recomendaciones al respecto. En el pasado los presidentes han acudido a consultas privadas a actores importantes del acontecer nacional cuya opinión sobre temas relevantes les ha parecido aconsejable, pero esas consultas se han mantenido confidenciales y presuponen el suministro pleno de información que permita contar con una opinión verdaderamente ilustrada, que no sabemos si se dio. Un verdadero líder hace que la comunidad o la sociedad lo sigan en tanto lo reconocen como su jefe u orientador. En esa medida el líder persuade, orienta, fija derroteros y muestra claramente el camino que hay que seguir. Escucha a quien debe escuchar, pero decide, toma decisiones, asume riesgos. Lo que está viendo la sociedad colombiana, en cambio, es que ese camino no se le está mostrando y que existe mucha confusión. Por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU el Presidente Santos, a pesar de que manifestó que “NO habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”, pidió “que se respete el derecho de Colombia –y de toda nación– de buscar la paz” y que “Pedimos que se nos siga acompañando en este esfuerzo respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas”. Que sepamos la comunidad internacional no está irrespetando el derecho de Colombia a buscar la paz ni las decisiones hasta ahora adoptadas, pero sí ha recordado que Colombia suscribió el Estatuto de Roma y que según dicho estatuto no deben quedar sin castigo los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional y que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, es decir, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad –que suponen que el crimen “se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”-, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. La existencia del Estatuto de Roma explica que el Fiscal de la Corte Penal Internacional haya recordado a la Corte Constitucional que una condena grosera o manifiestamente inadecuada invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, y explica también –junto con los demás acuerdos internacionales- que la Corte Constitucional hubiese aseverado en el comunicado de prensa expedido a propósito de la sentencia de exequibilidad del inciso 4º del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2012 -Marco de Justicia Transicional para lograr una paz estable y duradera-, que es legítimo dar una aplicación especial a las reglas de juzgamiento “siempre y cuando se asegure que como mínimo se enjuiciarán aquellos delitos”, “con observancia de los deberes estatales de investigación y sanción de las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Por ende, ¿qué quiso decir el Presidente Santos en la ONU? ¿No le satisfacen los parámetros del Estatuto de Roma y tampoco lo que dijo la Corte Constitucional? ¿Tiene acaso sentido alguno ir a abogar en abstracto por la adopción de unos mecanismos de justicia transicional aún no diseñados y que, además, se aparten de los criterios mencionados? ¿Y todo ello frente a un proceso que no avanza? ¿Está el Gobierno dejando por sentado que quiere dar a las FARC más de lo que el Estatuto de Roma permite? ¿Lo debilita esa posición en la mesa de negociación? ¿O está pensando en retirarse del Estatuto de Roma? El Marco para la Paz, si bien tiene la finalidad de facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de una paz estable y duradera, debe también garantizar en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, al igual que la seguridad para todos los colombianos. Con otras palabras, no se trata de obtener una paz a cualquier precio. Al parecer la traba en las negociaciones proviene de la discusión sobre la participación política de las FARC, que fue un grave error colocar como segundo punto de la agenda. Esa participación puede constituir el mayor botín para las FARC y de allí que ha debido dejarse para el final. Si bien el Gobierno dice que los ritmos de la negociación no los ponen las FARC, la realidad es que sí los están colocando y la respuesta del Gobierno es cada vez menos firme, a pesar de las declaraciones que hace. A la primera pausa que decretaron las FARC, la respuesta fue la de traer de regreso a los negociadores, para apenas dos días después hacerlos volver a La Habana, tan pronto las FARC expresaron su disposición a reanudar las negociaciones. Una negociación llamada según el Gobierno a durar unos meses, está ya claro que durará mucho más de lo previsto. Y ahora se presenta la incertidumbre acerca de suspender las negociaciones, suspensión que no sería inferior a 6 o 7 meses pues ese es el tiempo del calendario electoral. Parecería que el Gobierno teme a la discusión sobre el proceso de paz. La realidad es que esa discusión no se va a detener por el hecho de que haya una pausa en las negociaciones. Por el contrario se incrementará y estará alimentada por la falta de resultados. Ya ese temor se puso de manifiesto cuando el Gobierno optó por presentar un proyecto de ley estatutaria encaminado a que haya un referendo el mismo día de las elecciones generales, que decida sobre si se refrendan o no los acuerdos. Le pesa más buscar el voto arrastrado por los políticos que una discusión abierta sobre los puntos que se acuerden con las FARC, si es que se llega a acuerdos. Se trata de un referendo muy importante para contaminarlo con las elecciones generales. Además, los tiempos no dan. Es ahora cuando se requiere que el Presidente despeje incertidumbres y trace de manera clara un camino, antes de que se lo tracen otros. Para bien o para mal el proceso comenzó y sería ingenuo pensar que no se iban a presentar dificultades. Por eso no debe cerrarse la puerta, a menos que la comisión negociadora del Gobierno hubiese llegado a la definitiva conclusión de que no tiene sentido continuar. Si ese fuere el caso, tristemente habría que dar por terminado el proceso pero no suspenderlo pero, si no lo es, sería conveniente explorar la posibilidad de acuerdos sobre los siguientes puntos de la agenda, así no hubiese habido acuerdo sobre la participación política, puesto que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Recuérdese que tampoco hubo acuerdo total sobre el punto agrario y se pasó al segundo punto. La suspensión no es conveniente y el Presidente no puede dejar de gobernar por el hecho de que resuelva lanzarse a la reelección.