Lo primero que dijo la fiscal Viviane Morales después de posesionarse fue cuan alarmada estaba de que en Colombia no existiera una Política Criminal. La afirmación fue pasada por alto, pero en su frase está la clave para entender por qué es urgente reparar el mayor absurdo funcional de la justicia colombiana.

A pesar de que el tema suele dejarse a los especialistas, incide tanto en nuestra vida diaria que vale la pena tratar de comprenderlo. Además, en un país tan leguleyo el derecho no puede ser un arte superior para eruditos. Aclaremos los conceptos: Política Criminal es la posición estratégica del estado frente a las causas de la criminalidad, de acuerdo a ella se implementan las medidas que puedan solucionar el crimen. Es decir, su objeto es pronosticarlo para así combatir la criminalidad.

Para dictar una Política Criminal se echa mano de herramientas que sustituyen en parte  la criminología clásica (ciencia que estudia y diagnostica la razón de ser del crimen) como la medición estadística de ocurrencia de delitos, diferenciándolos según su incidencia social, para priorizar a cuales atacar.

El derecho penal surge cuando se implementa la Política Criminal investigando y acusando, mientras simultáneamente se ejerce el derecho a la defensa que garantiza la Constitución.

El nuevo sistema acusatorio puso a fiscales y jueces en un esquema más confrontacional, pero de todas maneras la fiscalía investiga y acusa ante un juez que es miembro del mismo cuerpo judicial, una especie de colega de facto, un símil, y por ello la independencia plena que debería existir entre  acusación y defensa no es total.

La única finalidad política del derecho penal debe ser el éxito de la política criminal; por eso, ésta no puede ser del resorte del poder judicial sino de la órbita del ejecutivo, para que la capacidad económica y la necesidad política del gobierno ante las expectativas de satisfacción y felicidad de los gobernados, se inviertan en el diseño e implementación de una política criminal exitosa, que también sea disuasiva y redunde en respeto ante la acción efectiva del estado como operador iniciativo de la justicia y actor dinámico de la ley penal.

Así las cosas, tiene lógica que un candidato presidencial se comprometa a luchar contra el crimen. De hecho, en los países que han superado nuestros índices de criminalidad y violencia, la política criminal es parte de los compromisos de campaña y programas de gobierno. Pero en un esquema donde el Presidente no nombra fiscal, ni éste pertenece al sector del estado que debe responder políticamente ante la ciudadanía, la lucha contra el crimen -de un presidente- se circunscribe a su incidencia presupuestal. En la práctica el Presidente no puede responder por lo que haga un fiscal que no depende del ejecutivo. Entonces, ¿Cómo luchar contra la criminalidad sin esa herramienta vital que es la fiscalía?

La reforma a la justicia que prometió el presidente Santos es urgente y un punto central debe ser darle lógica y equilibrio al sistema acusatorio, sacando la fiscalía general del poder judicial, para que sus resultados hagan parte de las responsabilidades del ejecutivo y el fiscal responda políticamente cuando contrate un brujo en vez de un jurista, o ponga la cara cuando un fiscal delegado se encarnice contra un ciudadano inocente con el ánimo de servir a obscuros intereses políticos o materiales.

En nuestro país la justicia no es justa. Y nadie se atreve a decirlo porque es temible. Pero no para los criminales, sino precisamente porque adentro hay manzanas podridas que se benefician con la libertad y la vida de los inocentes. Quien haya debido atravesar el tenebroso túnel de una investigación judicial, sabe que las garantías son letra muerta y dar con un funcionario que opte por ser justo en vez de cubrirse de gloria destruyendo la honra ajena, es un asunto de suerte. Muchos fiscales trafican con su poder, no pocos jueces se han llenado de dinero vendiendo decisiones, y cualquiera sabe que, aún siendo inocente, el dinero puede decidir el destino de quien tenga que padecer la pesadilla de ser investigado o juzgado en Colombia.

La independencia entre acusador, defensa y juez, debe ser total. Quienes imparten justicia no pueden tener afinidad alguna con quien investiga y acusa; es la base ideológica de la noción occidental de justicia garantista. Pertenecer al poder judicial es ser parte de la misma rama del poder ante quien debe ser autónomo e imparcial cada fiscal, y aunque en la práctica se enfrenten, hay una contradicción filosófica en ello.

Pero para que la reforma sea posible, el gobierno debe abandonar la idea de reformar con los reformados. La máxima jerarquía judicial jamás va a consensuar una reforma que disminuya su poder real. Es infantil esperar que se auto-recorten facultades, o se resignen a perder ese brazo artillado que es la fiscalía; mucho menos que acepten la doble instancia para los fallos de la sala penal, prácticamente sentencias divinas de infalible factura.

Tratar de hacer la reforma con los jueces, es ignorar la constitución cuando dice en el Articulo 150 que corresponde al congreso hacer las leyes, expedir los códigos y reformar sus disposiciones. La reforma no puede hacerse desplazando la capacidad legisladora al poder judicial. Quizá tampoco con un congreso que acepta y calla genuflexo mientras espera que la ley llegue horneada y lista para su simple aprobación.

Para que un estado pueda abrumar el delito, es necesaria una política criminal efectiva que contenga más investigación forense y menos decisiones sustentadas en la incertidumbre de la “prueba” testimonial. Y para que esa estrategia sea exitosa, debe estar combinada con una política social ambiciosa que se ejecute simultáneamente, con gran eficacia y coordinación, entendiendo que lo social repercute en gran medida sobre los índices de criminalidad.

Solo desde el gobierno es posible implementar armónicamente esta asociación de esfuerzos. Indudablemente éste principio práctico contiene el argumento más sólido para que la fiscalía pase a formar parte del poder ejecutivo.