¿Fue usted de los que maldijo a los movimientos estudiantiles por la forma como hicieron colapsar el tránsito en su ciudad? ¿Le provocó risa el video en que Pacho Santos dice que a los estudiantes los deberían electrocutar? ¿Aún cree que el derecho a la protesta está absolutamente protegido en Colombia? Bueno, pues le cuento que el exvicepresidente y hoy director de ‘RCN Noticias de la Mañana’ no está tan equivocado. Efectivamente, aquellos que salen a las calles a hacer sus manifestaciones están cometiendo un acto ilegal.
Resulta que en el articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en junio de este año, se establece que, sin vulnerar el derecho a la protesta social, quienes obstaculicen las vías a través de manifestaciones pueden terminar pagando entre 2 y 4 años de cárcel. ¿Cómo le parece?
En esa medida, los estudiantes en todo el país violaron la norma. A menos que hayan contado con la aprobación de las administraciones municipales de cada ciudad para adelantar sus manifestaciones, tal y como lo contempla el artículo 44 de la mencionada Ley.
Marcha en Bogotá. Foto @solano.
El asunto es que en muchas ocasiones los estudiantes no tomaron las rutas convenidas o crearon nuevos recorridos para sus marchas y por ende terminaron incumpliendo lo que podríamos llamar ‘el compromiso’.
Afortunadamente, la comprensión o desconocimiento de la norma (¿quién sabe?) por parte de las autoridades de las ciudades que fueron epicentro de las movilizaciones no permitió que se llegara al extremo de llevar a la cárcel a los manifestantes. Sin embargo, la reflexión del cariñosamente llamado ‘Pachito’ puede abrir los ojos de los burgomaestres estrictos y terminar con una detención masiva de personas.
Y es que aquí no debemos detenernos solo en el caso de los estudiantes universitarios. Según la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, esos bloqueos que con cierta frecuencia se dan a las troncales de Transmilenio también son ilegales. Incluso son considerados más graves que el simple obstaculizar una calle cualquiera, pues por afectar el transporte público, la norma establece una pena de entre 4 y 8 años de cárcel.
Así las cosas, se pregunta uno, qué tan legítimo es hoy el derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 de la Constitución que señala que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacificamente”. ¿No será que al restringir la posibilidad de salir a una calle a expresar inconformismo con lo que sea, se vulnera o se limita ese derecho?
Lo confieso, no soy una persona de marchas. De hecho, padecí la pesadilla de los trancones producto de las manifestaciones en Bogotá. Sin embargo, considero que restringiendo la posibilidad de hacer manifestaciones ‘espontáneas’ se pierde gran parte de la esencia del concepto de la protesta, pues muchas veces esta surge en el calor del momento y allí no hay tiempo de mandarle una carta al alcalde pidiéndole permiso para hacerse sentir. Usted qué prefiere ¿derecho a la protesta o seguridad ciudadana?
---
Post-It: Con referencia a mi columna anterior “La vergüenza de Transmilenio”, esta semana me enteré de una historia espantosa que le ocurrió a tres twitteros (@camportela, @agiekaya y @Meg_Opina) al interior de uno de los buses de dicho sistema. Hacia las 8 de la noche de la semana pasada, un indigente ingresó a uno de los buses y con un cuchillo empezó a amenazar a todos los pasajeros a cambio de dinero. La situación se prolongó por más de dos estaciones y nunca apareció un policía o un funcionario de Transmilenio para sacar al sujeto. ¿Bonito, no?
@colombiascopio
juanpablocalvas@gmail.com
Marcha en Bogotá. Foto @solano.
El asunto es que en muchas ocasiones los estudiantes no tomaron las rutas convenidas o crearon nuevos recorridos para sus marchas y por ende terminaron incumpliendo lo que podríamos llamar ‘el compromiso’.
Afortunadamente, la comprensión o desconocimiento de la norma (¿quién sabe?) por parte de las autoridades de las ciudades que fueron epicentro de las movilizaciones no permitió que se llegara al extremo de llevar a la cárcel a los manifestantes. Sin embargo, la reflexión del cariñosamente llamado ‘Pachito’ puede abrir los ojos de los burgomaestres estrictos y terminar con una detención masiva de personas.
Y es que aquí no debemos detenernos solo en el caso de los estudiantes universitarios. Según la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, esos bloqueos que con cierta frecuencia se dan a las troncales de Transmilenio también son ilegales. Incluso son considerados más graves que el simple obstaculizar una calle cualquiera, pues por afectar el transporte público, la norma establece una pena de entre 4 y 8 años de cárcel.
Así las cosas, se pregunta uno, qué tan legítimo es hoy el derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 de la Constitución que señala que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacificamente”. ¿No será que al restringir la posibilidad de salir a una calle a expresar inconformismo con lo que sea, se vulnera o se limita ese derecho?
Lo confieso, no soy una persona de marchas. De hecho, padecí la pesadilla de los trancones producto de las manifestaciones en Bogotá. Sin embargo, considero que restringiendo la posibilidad de hacer manifestaciones ‘espontáneas’ se pierde gran parte de la esencia del concepto de la protesta, pues muchas veces esta surge en el calor del momento y allí no hay tiempo de mandarle una carta al alcalde pidiéndole permiso para hacerse sentir. Usted qué prefiere ¿derecho a la protesta o seguridad ciudadana?
---
Post-It: Con referencia a mi columna anterior “La vergüenza de Transmilenio”, esta semana me enteré de una historia espantosa que le ocurrió a tres twitteros (@camportela, @agiekaya y @Meg_Opina) al interior de uno de los buses de dicho sistema. Hacia las 8 de la noche de la semana pasada, un indigente ingresó a uno de los buses y con un cuchillo empezó a amenazar a todos los pasajeros a cambio de dinero. La situación se prolongó por más de dos estaciones y nunca apareció un policía o un funcionario de Transmilenio para sacar al sujeto. ¿Bonito, no?
@colombiascopio
juanpablocalvas@gmail.com
