La lección de Piedras

No es cerrarle la puerta a la minería. Es que quienes están en el negocio han demostrado que lo que les interesa son las ganancias que obtienen producto de esas explotaciones. De ahí para abajo, en su escala de valores, está el irrespeto al ambiente, a las comunidades, a lo que en justicia deben generarle al país por regalías e impuestos. La problemática está más que ilustrada por estudios serios y por la propia realidad. Luego, esgrimir la defensa de los proyectos mineros invocando los beneficios económicos que representan, es desconocer que en la práctica la institucionalidad estatal no tiene la aptitud requerida para garantizar que esos beneficios económicos no se pongan por encima del interés general. Es lo que sucede y es lo que suele pasar de agache a la hora de abogar por la minería. El punto no es si se hace minería. El punto es que como se hace, se hace indebidamente, y/o donde no toca. (Sin volver aquí al debate sobre la supuesta equivocación del gobierno al apostarle al éxito de la economía a través de la explotación de recursos naturales agotables, y al no orientar esos recursos temporales para construir el aparato productivo que requiere el país para encauzarse al desarrollo). Como quienes representan los intereses de la comunidad en estas materias no cumplen como corresponde con ese rol, ni en sus decisiones de Estado, ni en la normatividad que dictan, ni en sus actuaciones de vigilancia, ciudadanos comienzan a asumir que por la vía de la participación directa pueden defender el bienestar general. Es lo que ha sucedido con la consulta popular llevada a cabo en el municipio de Piedras (Tolima), el pasado domingo 28 de julio del presente año, en la cual el 92.2 por ciento de la población votó en contra del desarrollo de actividades mineras en su territorio. El problema de fondo que aquí se desnuda, y del que poco o nada importa, es el de la calidad de nuestra democracia representativa. El hecho de que no cumpla con la comunidad a la cual representa, la pone en entredicho. En donde más revela esta falencia es en las decisiones económicas. Estas generalmente favorecen al gran capital, independientemente del sector de la economía en el que realice sus negocios. El común denominador general es que la sociedad, ya sea en su condición de conglomerado o de habitante del territorio en el que opera el negocio, o en calidad de cliente, usuario o consumidor, siempre queda en desventaja. Así la juridicidad vigente dicte que los recursos del subsuelo son de la nación y que las decisiones sobre el particular son competencia del gobierno nacional, el asunto está en que la experiencia dice que en esas decisiones los intereses de la comunidad siempre han quedado por debajo. Lo que hicieron los habitantes de Piedras fue no esperar a que les ocurra lo mismo y demostrar que nuestra organización de democracia no está funcionando. Así se caiga, la consulta tiene ese inmenso valor. Los partidos políticos y precandidatos presidenciales ni se percatan del mensaje. Siguen dedicados a conseguir votos de la misma forma como siempre los han conseguido.